A raíz del coronavirus que tiene en jaque a todo el mundo las autoridades de todo orden han acudido a todas las facultades habidas y por haber para tratar de atacar la amenaza, y para ello se han dictado decretos, unos con fuerza de ley y otros corrientes.
El presidente de la República, con base en las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Nacional dictó un decreto con fuerza de ley, con la firma de todos los ministros, que consagra el de emergencia social, según el cual los menores de edad y los mayores de 70 años no podrán salir de sus casas desde el día viernes 20 de marzo hasta el 31 de mayo del corriente año.
Pero, simultáneamente, y en algunos pocos casos antes, algunos gobernadores y alcaldes procedieron a dictar decretos, con esa misma finalidad de proteger a los ancianos, pero sin fuerza de ley, lo cual quiere decir que no sólo no rige sino en sus respectivas jurisdicciones, sino que sus destinatarios no son los mayores de 18 años y menores de 70.
Como era de esperarse muchos gobernadores y alcaldes se sintieron desautorizados y se negaron a aceptar la orden presidencial, como si eso fuera así de fácil y mientras tanto los gobernados seguimos sin saber a qué atenernos, a tal extremo que si no aparece una aclaración del gobierno nacional el caos se hará inmanejable y los resultados en el ambiente familiar y el económico van a ser muy difíciles de manejar, pues mucha gente tendrá que salir a trabajar para subsistir, como los vendedores ambulantes y otros necesitarán hacer diligencias impostergables o insustituibles, como cumplir una cita médica o practicarse unos exámenes de laboratorio o firmar una escritura etc.
Desde luego que el gobierno, conocedor de las dificultades que han originado sus disposiciones, ha tratado, por todos los medios, de explicar en qué casos puede violarse el toque de queda o mejor dicho en cuáles circunstancias puede dejar de aplicarse sin que ello signifique violación.