La peste del olvido (II)

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Por Vigía CÍVICA, James Fonseca

Esta peste también está afectando la contratación del municipio de Dosquebradas, la encontramos en una licitación pública por más $6.000 millones, para hacer adecuaciones y mantenimiento en 46 sedes educativas de ese municipio.

Dosquebradas aspiraba a legalizar el contrato el pasado 5 de septiembre y tal vez, a acometer un maratón de obras civiles, puesto que el plazo de ejecución era de solo tres meses, lo que requeriría frentes simultáneos de trabajo y adiciones, que podrían haber superado la presente vigencia fiscal.

Por ello se exigía a los proponentes demostrar experiencia en tres contratos por un valor igual o superior al de las obras y en uno de ellos, por lo menos, diez frentes de trabajo simultáneos.

Si a estas excluyentes condiciones agregamos el ligero olvido de haber publicado los pliegos definitivos bajo el título “proyecto de pliegos”, se entenderá porqué a la alcaldía de Dosquebradas solo apareció un oferente, que también olvidó algo importante: la garantía de seriedad de la propuesta, omisión que es la única causal que tiene la Ley como insubsanable, cuando se trata de falta de documentos, que no otorguen puntaje, en un proceso de contratación oficial; lo que produjo la declaración de desierta de la licitación pública.

Declaración esta que permitirá, según la Ley, que Dosquebradas, no obstante, el elevado presupuesto; convoque un proceso de selección abreviada de menor cuantía para contratar las obras. En el nuevo proceso podrán dar mayor plazo y, tal vez, ya no sea necesaria la experiencia en 10 frentes de trabajo paralelos.

Simultáneamente con la licitación pública a la que nos referimos, se convocó un concurso de méritos, por casi $350 millones, para escoger el interventor de las obras de adecuaciones y mantenimiento en las sedes educativas de Dosquebradas, proceso que también ha tenido sus olvidos.

Olvidaron dos sedes pues la convocatoria es solo para 44 edificaciones y, además, en el aparte “Evaluación de la propuesta técnica” exigen a los proponentes experiencia en interventorías en instituciones educativas, calificadas según una escala, así: para diez interventorías 30 puntos, si fueren más de 25, obtendrá 60 puntos, pero si llega a 40 interventorías en instituciones educativas, le darán 90 puntos, y si esas 40, o más, son en un solo contrato, le completarán 100 puntos. En la asignación de estos puntajes no recordaron que, en reiteradas ocasiones, el Consejo de Estado ha advertido que la experiencia es uno de los factores no se pueden evaluar con puntos, sino con el criterio admisión, o rechazo.

Como las funciones de interventoría de obras en una institución educativa no son diferentes a las de cualquier obra pública, preguntamos: ¿a quién favorecerá esta sucesión de olvidos y la exclusión de interventores de otras obras públicas?

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