Por Ernesto Zuluaga Ramírez
“Hay algo peor que la corrupción y es la lucha contra la corrupción”, dijo sabiamente uno de los grandes líderes de nuestro país, el ex ministro y rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, aludiendo a la perversa manipulación de los hechos que suelen hacer en Colombia la fiscalía, la procuraduría y las contralorías. Es lamentable que nuestros organismos de control actúen muchas veces de manera interesada como parte del juego político.
El problema empieza cuando los jueces adquieren su condición por decisiones provenientes del ejecutivo o del legislativo o cuando les está permitido participar en el juego electoral. A partir de esas circunstancias los conflictos de interés nublan los procesos, los juicios morales y los fallos de estas instituciones. Nada puede ser más grave para cualquier sociedad que una arraigada desconfianza alrededor de sus entes de control y su responsabilidad debería empezar por no crear falsas percepciones y garantizar la coherencia de sus decisiones, pero la verdad es que en Colombia sucede lo contrario. Los recientes casos que involucran al Fiscal Anticorrupción y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el desvío de procesos judiciales a favor de políticos corruptos y a los magistrados de la Corte Constitucional en favor de una sola persona son la prueba de que la justicia es amañada y de que la impunidad sí tiene precio. El poder exorbitante y confuso de la Procuraduría General de la Nación la ha llevado al clientelismo y a la corrupción y las contralorías se quedaron dormidas en la figura farandulera del “hallazgo”. La verdad es que los “guardianes” también necesitan “guardianes”. No se trata solamente de proteger los bienes públicos, también hay que cuidar la moral pública y la honra de las personas y es ahí donde la demagogia aparece como otra forma de corrupción con la que las “ías” se acostumbraron a darse aspavientos mediáticos que al final terminan siendo puro “buche y pluma”. Sus escándalos son —muchas veces— actuaciones que violan derechos humanos y por lo tanto ameritan un castigo de iguales proporciones al daño que generan. ¿Cómo sancionar el abuso de poder de los entes de control? Es imprescindible que sobre ellos también exista vigilancia.
Los funcionarios que vigilan al sector público y a los políticos deberían estar impedidos e inhabilitados para aspirar (ética en el acceso al poder) a cargos en los otros dos poderes del sector público. Usar la espada de la justicia para abrirse paso en la política es además de una actitud antropofágica el peor cáncer dentro de la ética pública, por lo tanto es urgente eliminar toda injerencia política en las decisiones de los entes de control e imposibilitar el tránsito de sus jefes hacia las otras ramas.
La historia nos ha demostrado que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. No seremos capaces de salir del abismo en el que nos encontramos por cuenta de la corrupción mientras no garanticemos que los entes de control y la justicia operen de manera transparente e independiente y mientras, sobre la base de aceptar que la corrupción no se elimina sino que se mitiga, cambiemos el marco del control político y aceptemos que la sal se nos pudrió.
