La semana anterior la suspensión del suministro de gas natural, la circulación, por sus carreteras de acceso, de camiones que regularmente atravesaban el puente El Alambrado, antes de su caída y la interrupción del servicio de acueducto de Aguas y Aguas de Pereira, en 154 barrios, pusieron en caos general a nuestra Área Metropolitana.
Muchas familias tuvieron que soportar, al mismo tiempo, dificultades para ducharse o lavar su ropa, apuros para cocinar sus alimentos y problemas de movilidad, causados por la congestión que siguen generando los camiones que atraviesan el territorio y por la imposibilidad de aprovisionar vehículos de servicio público o particulares, que funcionan con gas. Todas las anteriores situaciones tienen un común denominar: son problemas de infraestructuras para las que no se previeron redundancias.
En Pereira hay, hoy, 158.458 usuarios residenciales conectados a la red de gas natural, en Dosquebradas 84.058, en la Virginia 8.747 y en Santa Rosa de Cabal 22.516; para un total de 273.779 en las cuatro ciudades y poblaciones, de ellos 211.640 están en los estratos 1, 2 y 3. Además, en los mismos municipios hay registrados 5.128 usuarios industriales o comerciales, dentro de los que están la gran mayoría de las panaderías y restaurantes. Es incalculable la magnitud de los perjuicios de unos y otros.
La falta del gas produjo un florecimiento del ingenio que acompaña a nuestras gentes, cocinaron en cualquier artefacto que calentara y llegaron a sacar tablas de las camas para improvisar, en los andenes, ollas comunales. Pero también afloró, muy intensamente, el insano deseo de aprovechar la necesidad de los ciudadanos, lo que hizo que se especulara con los precios de pequeñas estufas eléctricas, que se triplicaron de la noche a la mañana y que aparecieran, como brotados del abismo, improvisados y oportunistas vendedores callejeros de estufas chinas, también a precios exorbitantes. Nos preguntamos: ¿los importadores, que las tenían guardadas, también tendrán guardados sus documentos de importación?
Mientras lo anterior ocurría, el Departamento del Quindío declaró la calamidad pública para presionar soluciones a las dificultades que la caída del puente de El Alambrado le está generando a su economía y el gobierno de Pereira, a pesar de administrar la ciudad más afectada con el desvío del tráfico pesado por sus vías de acceso, siguió sin reclamar, en beneficio de sus ciudadanos, una normalización pronta.
Aunque en una columna anterior anotamos: «El desvío está arrojando, diariamente, sobre las carreteras que conectan nuestra ciudad, unos 1.600 camiones (…)», los datos oficiales muestran que, por el peaje de Corozal, cercano al puente caído, cruzaban, diariamente, unos 1.670 camiones de las categorías 6 y 7, los de cinco y siete ejes, a los que debemos agregar los de la categoría 5, de tres y cuatro ejes; cuyo conteo desconocemos.
También en la semana anterior, Autopsitas del Café publicó una infografía con porcentajes de la demolición del puente derrumbado, que estaría más avanzada si no la hubiera iniciado más de un mes después la caída; pero siguió ignorando las peticiones de la comunidad, de los gremios y de los gobernantes de otros municipios, para que publique un cronograma que permita a los interesados hacer un seguimiento de los trabajos.
Las dificultadas referidas podrían haber tenido menor impacto si en las redes y en las vías de los prestadores hubiera alternativas o redundancias adecuadas. Que deberían ser imprescindibles en nuestro país, dadas sus altas vulnerabilidades, derivadas de un contexto crítico de variabilidad y cambio climático.
Excelente James y también podría pensarse la situación de un Monopolio existente ante una sola empresa que le presta servicio a casi un cuarto del país?.
Y de su falta de pericia al suspender el servicio sin comprobar que el tubo transportador no se estaba calentando.