La tragedia del Catastro
Dentro de la temática de la Educación Ciudadana, componente importante de la misión de la Corporación VIGÍA Cívica- Risaralda, aparece la Educación Fiscal, cuyo objetivo es transmitir a la comunidad la importancia de cumplir con el deber de pagar los impuestos, tasas y gravámenes, que constituyen la principal fuente de recursos económicos del Estado y también la de ejercer el derecho de vigilar su recaudo y destinación.
Se resalta allí la sujeción que debe tener el cobro de los tributos a los principios consagrados en nuestra Constitución Política para efectos fiscales, dentro de los que está la equidad tributaria, que busca evitar que los contribuyentes reciban cargas excesivas o beneficios exagerados, lo que la Corte Constitucional ha explicado diciendo: «Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión.»
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), en el Documento CONPES 4066, emitido el pasado 20 de diciembre de 2021, recomendó que los incrementos de los avalúos catastrales en Colombia, para el año 2022, deberían ser del 3 %.
Se apoyó en tres variables: la meta de inflación del 3%, proyectada por el Banco de la República para el este 2022, el menor Índice de Valoración Predial (I.V.P.) que, en 2021, con el 3.36 %, fue inferior al del año 2020 y el Índice de Precios al Productor Agropecuario (I.P.P.A.), que paso de 7,9 en noviembre de 2020 a 16,88 en noviembre de 2021. Cifras que son reflejo de las difíciles condiciones económicas que han afectado a los colombianos por causa de la pandemia.
Entonces el gobierno nacional, por el Decreto 1891 de diciembre pasado, fijó en 3% el porcentaje de incremento de los avalúos catastrales que debían aplicar todos los municipios del país, con excepción de los tienen catastros descentralizados como el que, supuestamente, maneja el AMCO; y decidieran calcular un I.V.P. diferente.
Usando esa excepción el Área Metropolitana Centro-Occidente, AMCO, construyó su propia tarifa, sobre la actualización catastral de nuestros municipios, cuya elaboración había contratado con el Catastro de Bogotá, ciudad donde, en su momento, la alcaldesa celebró esa operación como la primera que tendrían fuera de Bogotá, lo que equivale a que vendrían a probar con nosotros su idoneidad.
El resultado visible es que dejando aparte los nuevos predios que fueron incorporados a las bases catastrales y los que cambiaron de valor porque figuraban como lotes teniendo construcciones, existen abundantes ejemplos de inconsistencias en todos los estratos y usos del suelo, donde, sin tener en cuenta la capacidad de pago de los afectados y en franca violación de los principios mencionados, hubo reevalúos exorbitantes, sin causa aparente, que generarán consecuencias para los municipios y la comunidad.
La primera será el aumento de la cartera del impuesto predial, por la imposibilidad de pagarlo de muchos contribuyentes, otra, la tragedia del desajuste de muchos presupuestos domésticos para poder pagar el impuesto y una de incidencia general: el aumento explosivo del valor de toda la propiedad raíz en nuestros municipios.
Por esto la comunidad quiere y tiene derecho a saber ¿cuáles son los parámetros del I.V.P. que se usó para calcular el impuesto predial que le están imponiendo? y ¿quién lo elaboró?
