Desde la Veeduría Ciudadana Aeropuerto Matecaña es desde donde mejor puede observarse detalladamente lo que sucede con las famosas estampillas e impuestos para los adultos mayores y para la cultura, que el concesionario OPAM/CSS no ha querido pagar, lo cual activa la preocupación de los veedores, ante todo, por la pasividad, apatía o indiferencia de la administración municipal en manos del alcalde Juan Pablo Gallo y de la Secretaría de Hacienda de Carlos Maya.
$10 mil millones del tesoro público, sometidos a la desidia, a la negligencia o a unos imperdonables descuidos, precisamente por las autoridades que tienen la obligación de estar firme y activamente vigilantes para evitar que se pierdan, o como leones tratando de recuperarlos si perciben algún riesgo, nos dejan perplejos.
La veeduría surge como una herramienta ciudadana de vigilancia, seguimiento y control a la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Pereira con la APP Aeropuerto Matecaña, constituyéndose en una aliada de la administración municipal, pero paradójica e incomprensiblemente, percibida por la Alcaldía y la Secretaría de Hacienda como enemiga y tratada con hostilidad.
Tres derechos de petición y un recurso de insistencia presentaron los veedores para que la alcaldía o su entidad correspondiente conteste una pregunta muy sencilla:
¿Qué gestiones ha realizado la alcaldía para exigir a la concesionaria OPAM el cumplimiento de sus obligaciones en estampillas e impuestos?
A esta pregunta tan elemental las respuestas de la Alcaldía fueron solo evasivas, argumentando que no pueden dar esa información porque tiene carácter de reserva legal y, además, en el colmo del absurdo, contestaron por escrito que se atenta contra la intimidad y el buen nombre de alguien que no especificaron.
Esa actitud de las autoridades municipales, evidentemente imponiendo trabas a la gestión aliada de los veedores, levantó muchas sospechas que se concretan en las siguientes preguntas:
¿Por qué la administración municipal se opone a que la veeduría, legítimamente constituida precisamente para ese propósito, actúe contribuyendo a que se recauden los fondos que OPAM/CSS le debe al municipio?
¿Por qué no se hicieron en el contrato todas las necesarias e indispensables aclaraciones con precisión, para evitar el desgaste judicial que resulta tan costoso?
¿Por qué no se exigió el pago inmediatamente se suscribió el contrato?
¿Por qué se firmó el acta de inicio de la obra, cuatro meses después de firmado el contrato, sin que el concesionario hubiera cumplido primero con sus obligaciones de las estampillas y los impuestos? ¿Sabían que desde este acto se ha incurrido en violación de la ley?
¿Por qué los funcionarios de la Alcaldía, tuvieron que esperar que se hiciera el debate en el concejo citado por la concejal Carolina Giraldo Botero, para darse cuenta de que OPAM le debía esa suma al municipio?
¿No tenían en la Secretaría de Hacienda las previsiones correspondientes e incluida esta suma en los presupuestos?
¿Por qué tardaron en proceder a la gestión de cobro y solo la pusieron en funcionamiento después del debate en el concejo citado por la concejal Verde?
¿Por qué razón el abogado del municipio actuó tan débilmente en la audiencia? En su intervención de menos de 4 minutos, pese a que tenía disponibles 20, solo rebate algunos conceptos de segundo orden y no entra a fondo a defender los recursos públicos que están siendo amenazados.
¿Por qué este abogado no replicó, como debió haber sido, indicando que el no pago de las estampillas y los impuestos podría no ser simplemente una deuda sino una apropiación ilícita de dineros recaudados? Y ¿Por qué el municipio no ha demandado a OPAM/CSS por esa causa?
¿Sabía el exalcalde Juan Pablo Gallo y el alcalde Carlos Maya que ellos y algunos funcionarios más han incurrido en faltas que pueden ser sancionadas por la negligencia con la que este asunto ha sido manejado?
Todos los pereiranos aspiramos que la Alcaldía haga, pero de verdad, en serio, sin dilaciones, todas las diligencias judiciales, que tiene obligación de hacer, para que se concrete el pago de estos valores a la mayor brevedad posible.
Los adultos mayores y la cultura requieren con urgencia esos fondos. Hoy se conoció que el concierto del mes de febrero en Pereira ha sido cancelado por falta de plata. ¿Por qué falta plata para la cultura si OPAM/CSS debe al municipio, precisamente para cultura y adulto mayor, una suma que gira en torno a los $13 mil millones?
Alcaldía de Pereira, a cobrar sin más cuentos. A cobrar. Esa es su obligación. A cobrar. Los pereiranos se los exigimos. Cumplan.
Así es, Martha Cecilia. La corrupción apoderada de todo. Solo una ciudadanía educada, cívica y activa va a permitir que esto deje de ser así.
Negligencia, decidida, o cualquier otro factor, pero a Pereira esto le está perjudicando enormemente
Excelentes interrogantes, de cómo la corrupción en los estamentos públicos , se generaliza, de cómo.No es negligencia, es robo al presupuesto público.
No es posible que esto suceda cuando se tienen tantas evidencias… ¿Negligencia?