¿LIMPIEZA SOCIAL?

Por Fernando Arias Cardona

Con fecha 30 de octubre de 2024, se puso a circular en Pereira un panfleto mediante el cual un grupo, que no se identifica, anuncia que durante 15 días se dedicará a limpiar la región “para que tenga un nuevo renacer”, palabras textuales. Según el documento, limpiarán a Pereira y sus alrededores de ladrones, gíbaros –sic-, extorsionistas y secuestradores de niños, porque según sus autores, estas personas “están acabando con la tranquilidad del trabajador honesto y honrado que día a día sale a trabajar a buscar el sustento de su familia”. Esta acción macabra, la ejecutarán en sectores como San Judas, la Churria, Villasantana y Cuba contra personas que sean sorprendidas después de las 9 de la noche consumiendo pegante o con tarros en la mano.

Según versiones de prensa y vecinos de Pereira, parece que efectivamente el plan está en marcha, puesto que se registran innumerables homicidios en Pereira y Dosquebradas, en su mayoría jóvenes.

La sola expresión “Limpieza Social”, ya suena dantesca y macabra, y pone de presente el altísimo nivel de degradación social, ética y de valores a que han llegado personas que se autodefinen protectoras de la tranquilidad de la ciudadanía, para lo cual lamentablemente cuentan con cierto grado de aprobación en algunos sectores sociales. Además de lo dicho, esa conducta devela lo que conocemos como “el odio a los pobres” o la “aporofobia”, término utilizado por la escritora y filósofa española Adela Cortina, para caracterizar a quienes sienten fobia y rechazo por la gente pobre, y de contera, deja en evidencia la incapacidad de las distintas autoridades por garantizarle a la población seguridad y tranquilidad.

La situación es alarmante y grave, porque están en riesgo inminente el derecho a la vida, la integridad personal y la libre locomoción, entre otros. La Constitución política de 1991 prohíbe la pena de muerte (artículo 11), y el primero en ser llamado a garantizarlo es el Estado y sus autoridades, por lo que le reclamamos a los señores alcaldes, gobernador de Risaralda, Fiscalía Seccional y Defensor (a) del Pueblo, procedan a tomar medidas concretas respecto de estas amenazas.

Los defensores (as) de derechos humanos, con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales, debemos actuar, porque nadie tiene derecho a ejercer justicia por su propia mano, y además, porque en cualquier momento, la tal limpieza social, puede ser enfilada contra dirigentes sociales y políticos que batallan diariamente por los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de toda la población, ya que para ese tipo de personajes oscuros, los luchadores (as) sociales también acaban con la tranquilidad de la gente, les faltó decir “gente de bien”, porque seguramente saben que esta expresión está bastante desacreditada.