En la última semana, hemos sido testigos de la crisis generada por la terminación de los contratos de concesión de los llamados mega colegios Jaime Salazar Robledo y Hugo Ángel Jaramillo, ocasionando graves traumatismos en materia académica, laboral y, en general, de funcionamiento. La concesión o tercerización, es lo mismo que decir privatización de un servicio, que, según la señora Secretaria de Educación DIANA RAMÍREZ, hoy se denomina “Matrícula Contratada” (El Diario, 27.01.23, Pág. 16).
Tuve la oportunidad, en calidad de concejal de Pereira por el Polo Democrático PDA (período 2008-2011), de oponerme radicalmente a las concesiones adelantadas por la entonces administración del Dr. Israel Londoño, que se allanó dócilmente a las imposiciones del Min educación y del gobierno de Uribe Vélez, quien, fiel a su mentalidad neoliberal y de mercantilización de los derechos, impuso a su vez, esa figura en el Plan Nal. de Desarrollo de 2006-2010. La terminación de esos contratos de concesión, debió ser la oportunidad para recuperar su administración y manejo por parte del municipio.
Y es que no hay derecho a que, en terrenos del Municipio y con el presupuesto público se construyeran esos colegios, para a renglón seguido, entregárselos a un privado, decapitando de paso, al Municipio, puesto que, esta entidad territorial está certificada por el Min educación y es la llamada, por mandato de la ley 715/2001, a dirigir y administrar la educación en su territorio
Era la oportunidad de oro, repito, para que el municipio de Pereira procediera a recuperar la dirección y manejo de los precitados colegios, pero el señor alcalde y su secretaria, prefirieron la ruta más fácil, prorrogar los contratos de concesión, o escoger un nuevo operador, esta vez, la entidad privada “Fe y Alegría”. Ahora se le llamada “Matrícula contratada”, recordando los viejísimos tiempos en que la educación se entregaba por contrato, a organizaciones o misiones religiosas.
Ahora, tenemos varias decenas de docentes en el limbo laboral y a más de 3.000 estudiantes, frente a la incertidumbre de la iniciación o no de clases en la fecha programada en el calendario escolar. En la misma edición de El Diario ya citada, se le atribuye a un vocero de Fe y Alegría, que revisarán los perfiles de los docentes para determinar si se acomodan a su propia visión, que, de seguro, muchos de ellos o ellas, no los cumplirían, pues la sola denominación de la entidad implica un tipo de orientación muy diferente a la que tiene SU EJE-UTP, laica por definición legal. ¿Se avecina una masacre laboral? El señor alcalde de Pereira, está en la obligación de impedirlo y garantizar el servicio educativo público que se presta en estos dos colegios.
Una de las tareas de la próxima alcaldía, previos los estudios legales y de factibilidad técnica y financiera, será tomar directamente la administración y dirección de estos colegios, o cuando menos, dejar sentadas las bases para que ello ocurra en el inmediato futuro, para acabar con ese esperpento de la privatización de la educación en nuestro municipio. Y, algo más: En el Plan Nacional de Desarrollo próximo, claramente debe quedar abolida esa figura de la privatización de la educación pública.
Esta tendrá que ser una acción a incluir en el programa de gobierno de una amplia alianza con corte de frente amplio, que agrupe tanto al Pacto Histórico, la Alianza Verde, liberales progresistas, y demás fuerzas, dispuestas a rescatar a Pereira, para que esta ciudad sea de todos y todas, y donde se respeten sus derechos.