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ActualidadLos pereiranos no estamos felices (I)

Los pereiranos no estamos felices (I)

Por JAMES FONSECA MORALES

El secretario de Infraestructura del Municipio, Juan Carlos Restrepo, declaró: «Estamos muy felices de poder anunciarle a los pereiranos que el Consorcio Pereira Iluminada ya inició sus actividades (…)», refiriéndose a las firmas que obtuvieron el contrato para la «administración, operación y mantenimiento, de la infraestructura del alumbrado público en el municipio de Pereira y (sic) sus áreas urbana y rural».

Sin embargo muchos pereiranos no estamos felices, comenzando por el contrasentido que conlleva la parte siguiente de esa declaración, en la que nos exhorta a «tener sentido de pertenencia para que no se roben el cable de la red», cuando sentido de pertenencia fue el que le faltó a la administración de la ciudad, al desechar, sin siquiera analizarla, la idea de manejar el Servicio de Alumbrado Público mediante una empresa de propiedad exclusiva del Municipio, tal como se propuso,  cuando el Alcalde presentó al Consejo Municipal un proyecto para crear una empresa mixta del Municipio y un socio privado, que prestara el servicio.



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Socio que no solo era y es, innecesario, sino que con un aporte irrisorio habría entrado a administrar, como fondos privados, los $20.000 millones anuales que, en promedio, se recaudarán por el impuesto de alumbrado público.

Tampoco estamos felices porque a pesar de que en el documento de análisis del sector, que soportó la licitación en la que se adjudicó el contrato, se establecen altísimos parámetros técnicos, financieros, de calidad, eficiencia y eficacia para su ejecución, esta no tendrá un interventor externo, como recomienda Colombia Compra Eficiente: «(ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, (…)», sino, solo un supervisor, que será un ingeniero civil, cuyos conocimientos sobre electricidad e iluminación, no deben llegar a la altura necesaria para conceptuar sobre la parte técnica de este contrato.

Además, los pereiranos no estamos felices, por la ilegalidad en la que los sucesivos gobiernos municipales han mantenido en el cobro del Impuesto de Alumbrado Público, ignorando que las tarifas, establecidas en el Acuerdo Municipal 32 del año 2.000, deberían haberse revisado cada cuatro años, bajo lo dispuesto en el artículo 351 del Estatuto Tributario Nacional «(…) En la determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio. (…) deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía, (…)» En Pereira desconocemos ese estudio, que debería mantenerse visible en la web del municipio. (Decreto 943 de 2018).

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