Hace 19 años, en 2005, comenzó la vigencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Este año, en Colombia, la fecha llega cuando, muy probablemente, se ha cumplido el vaticinio de un antiguo Procurador de la Nación, quien afirmó entonces que: «La corrupción está a punto de convertir a Colombia en una nación inviable»
Hoy el Congreso de la República y el gobierno nacional hierven por escándalos de corrupción y en las altas cortes aun no sanan los que llevaron a Jueces y Magistrados al lado contrario del que ellos deberían ocupar frente a las rejas.
En escenario local aun no conocemos el desenlace del mayor escandalo de corrupción de los últimos años, que se deriva de la construcción de la primera etapa de la Avenida de los Colibríes, en Pereira, pero este no esconde los que, en años recientes, han rodeado las detención de alcaldes o exalcaldes de los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Balboa, Santuario y Marsella, por uso indebido de recursos públicos.
En 2013, hace ya once años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó en México el informe: “La lucha contra la corrupción en Colombia: muchos intentos, pocos resultados”, en el que, como conclusión, señalaba los cuellos de botella que el país debería resolver para tener éxito en la lucha contra la corrupción, que, resumidos son:
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Un sistema de justicia que permite altos niveles de impunidad.
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Un sistema de financiación electoral mixto (oficial y privado) con pocos controles, en el que «el ratón cuida al queso».
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La politización de los organismos de control provocada por sus mecanismo de elección (en corporaciones políticos)
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El poco arraigo de la visión de un «gobierno abierto» que publique datos y rinda cuentas
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El desinterés (de los ciudadanos) en la participación ciudadana, pese a la existencia de mecanismos que lo permiten.
Hoy mantenemos los mismos sistemas de justicia, financiación electoral y elección de las cabezas de los organismos de control, los funcionarios siguen evadiendo la obligación de poner a disposición del público toda la información de sus gestiones y los ciudadanos, en su inmensa mayoría, no solo, prefieren no molestarse en hacer control a la gestión de sus gobernantes, sino que cierran los ojos ante el malgasto de los recursos del estado, con tal de beneficiarse de él, aunque sea concurriendo a un concierto gratuito a dos cuadras de la tarima.
Mientras tales cosas ocurren, algunos quijotes, que son policías, jueces, funcionarios de los gobiernos nacional o territorial, de los organismos de control o veedores ciudadanos; en ocasiones arriesgando su tranquilidad y hasta la vida, sostienen batallas individuales contra la corrupción, con la esperanza de conseguir para Colombia y para sus indolentes conciudadanos, una vida mejor.
La corrupción es el cáncer de Colombia