El proyecto de ley de reforma a la justicia presentado por el gobierno es un atrevido reconocimiento al fracaso del sistema punitivo colombiano. Mientras una sociedad vengativa pide a gritos el endurecimiento de las penas, especialmente las relacionadas con los delitos contra los niños y contra las mujeres, se sumerge simultáneamente en la discusión de un proyecto para sacar a los presos de las cárceles. Una total ambigüedad.
Es indiscutible que nuestro sistema carcelario es un absoluto desastre. El gobierno no vacila en reconocerlo: «Se ha convertido en una escuela de delincuencia, en una escuela de humillación y de perdida de dignidad humana», expresó el ministro Prada. Veamos algunas cifras que así lo corroboran.
Para 1989 el hacinamiento en las cárceles colombianas no era tan alto como el de hoy: la capacidad de los establecimientos de reclusión —que era de 26.307 internos— tenía un sobrecupo equivalente al 1,55%. Actualmente hay 97.300 personas privadas de la libertad en centros reclusorios custodiados por el INPEC, 22.319 en estaciones de Policía, 71.185 tienen casa por cárcel, 1.561 personas están en Unidades de Reacción Inmediata y 2.900 en cárceles de entidades territoriales para un total de 195.265 detenidos. Según el Ministerio de Justicia la capacidad real es de 82.232 lo que implica un hacinamiento aterrador del 50%. Con una realidad como esta toda intención de resocialización, humanización o educación del recluso se viene al suelo. No es de extrañar lo que sabemos que allí sucede: que las cárceles son escuelas del crimen, que desde ellas se fraguan estafas y extorsiones y que una gran mayoría de los presos reingresa a la actividad delictiva al terminar su condena.
Para enfrentar esta situación el gobierno de Iván Duque aprobó en 2022 un documento CONPES en el que se destinaban ochocientos mil millones de pesos para la construcción de 10 nuevas cárceles en Colombia, entre ellas la del Pízamo aquí en Pereira. Es necesario aclarar que desde hace 20 años el país tiene el mismo número de centros penitenciarios: 132. Sin embargo, el nuevo ministro de justicia, Néstor Iván Osuna, al tomar posesión afirmó que «no se construirán más cárceles en Colombia» y que habrá una nueva política carcelaria soportada en tres enfoques: «el uso racional de la cárcel» (reducción de penas para disminuir el hacinamiento), «la resocialización en los presos» y «el cumplimiento de la reparación y la justicia restaurativa».
Lo primero que hay que develar es que ésta no es una verdadera reforma a la justicia pues solo aborda el tema penitenciario colombiano. Y en segundo lugar que las intenciones son ambivalentes. Se pretende eliminar algunos delitos como el incesto y la inasistencia alimentaria cuando las víctimas en ambos casos son personas menores de edad.
De aprobarse este proyecto nada será diferente. Basta revisar la tipología de los delitos cometidos por todos los reclusos del país.
Según el INPEC, hay 27.821 reclusos entre condenados y sindicados por homicidio, 25.836 por hurto, 24.109 por concierto para delinquir, 23.242 por tráfico de estupefacientes, 19.504 por porte ilegal de armas de fuego, 8.090 por cometer delitos sexuales con menores de 14 años, 5285 por tenencia de accesorios de armas de fuego, 4.884 por extorsión, 2.341 por violencia intrafamiliar, 2.137 por secuestro simple, 1.656 por desplazamiento forzado y un número casi insignificante por los demás delitos. El destipificar algunos de ellos no afectará significativamente la población de reclusos en Colombia pero sí envía un mensaje desalentador a la sociedad.
La otra alternativa del gobierno es mandar a los presos pa’la casa. Un premio que tiene sabor a impunidad. La delincuencia colombiana debe estar de plácemes.