En pasados días fue aprobado en plenarias de Senado y Cámara de Representantes, el proyecto de reforma constitucional del sistema general de participaciones SGP, el cual estableció que las transferencias de recursos para departamentos y municipios, que hoy financian las necesidades de servicios básicos en salud, educación, saneamiento básico y propósito general, pasaran del 23 al 39.5% en un lapso de 12 años contados a partir del año 2027.
Esta reforma transferirá multimillonarios recursos del presupuesto de la nación a estas entidades territoriales, para lo cual se requiere el trámite y aprobación de una ley que redefina las competencias de la nación y estos entes. Esta reforma “fue un paso clave hacia el propósito constitucional de devolverles a las regiones la capacidad de atender sus necesidades y cerrar brechas históricas”, expresó el ministro del interior.
Por otro lado, voces autorizadas formulan su descontento, pues asignar nuevas competencias para atender con estos mayores recursos, sin obligaciones y compromisos claros que obliguen a departamentos, y en especial a los municipios, a derrotar la gran pereza e ineficacia fiscal de estas entidades, es irresponsable. Agreguemos a esto la gran corrupción que se vive en territorios, y la inutilidad de organismos como fiscalía y contralorías, en investigar y enjuiciar a los funcionarios y particulares que participan en los grandes hechos de corrupción denunciados a diario. La mayoría de denuncias radicadas en estos despachos no son objeto de investigaciones serias y responsables, que permitan darle el debido proceso ante los respectivos jueces. La prescripción y la complicidad es la mejor herramienta que tienen. No hay castigo ejemplar de los responsables de estas acciones criminales contra el patrimonio público, y mucho menos la recuperación de los recursos apropiados por parte de los implicados. La impunidad campea, la corrupción financia no solo campañas políticas, también el narcotráfico.
En el caso de los municipios la pereza fiscal y la poca gestión tributaria de liquidación y cobro eficiente, está llevando a la acumulación de carteras de impuestos irrecuperables, y a una gran inequidad tributaria, pues la necesidad de mayores recursos está llevando a cobrar tasas impagables de impuestos locales. Solo el 60% de los contribuyentes cancelan sus obligaciones. Mientras la administración municipal se endeuda con intereses altísimos, el ultimo crédito fue por $200 mil millones, hacienda municipal evade la responsabilidad de cobrar las deudas de sus contribuyentes. Colegios y escuelas públicas se caen a pedazos. Solo hay dinero para fiestas y logística, es lo que da más votos, es el fin primero del alcalde de turno.
Veamos el estado de otras deudas. Industria y comercio, pasó de $44.096 millones en diciembre 31 de 2021, a $110.038 millones al finalizar 2023, aumentó del 150% en dos años. Volvamos con el fatal caso del impuesto predial, según informes de hacienda municipal, se demuestra que la cartera generada en las vigencias del 2020 al 2023, fue de $493.672 millones, mientras la misma dependencia en respuesta a una petición, expresa que en estos 4 años la cartera registrada es de $221.971 millones. Una diferencia de $271.701 millones. Es de tal magnitud el desorden que, según certificado expedido por tesorería municipal, hay deudas en el pago de deberes urbanísticos, áreas de cesión, aprovechamiento de espacio público, entre otros. Pregunta: ¿Qué norma autoriza el pago a cuotas de los deberes y áreas de cesión?
Pero hay otro frente con sorpresas que ratifica la inutilidad e incapacidad para gobernar de quienes son elegidos, y la complicidad de organismos de control, es el cobro de la plusvalía. Según la misma tesorería, esta deuda asciende a $7.968 millones, cifra que muestra que estas alcaldías se han dedicado en las últimas dos décadas, de gran bonanza inmobiliaria, a obstruir los mecanismos de cobro de este importante impuesto.
Quedamos notificados, el aumento de las transferencias de la nación a municipios y departamentos, y la ausencia de justicia, nos ahogará en el estiércol de la corrupción.
ADENDA
Denunciamos la persecución a la que mi señora y el autor de esta columna hemos sido objeto por parte de la FISCALÍA GENERAL en Risaralda. Todo, consecuencia de mi actividad de VEEDOR y DEFENSOR de los ciudadanos, en donde una denuncia radicada hace tres (3) años, por apropiación de inescrupulosos de nuestro patrimonio, a la fecha, no ha tenido el avance esperado.