Meras extrapolaciones

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Por Jorge H. Botero

Con el mismo tipo de argumentos usados por la Corte Suprema para interferir en las potestades del gobierno en relación con la Policía, se podría forzar al Banco de la Republica a emitir moneda para combatir el desempleo

Comentaba con preocupación en mi columna del pasado viernes, una sentencia reciente de la Corte Suprema que menoscaba las potestades del Gobierno en el ejercicio del poder de policía y la preservación del orden público. Hoy me inquietan las implicaciones de ese precedente. En fin de cuentas, es así como se configura el derecho judicial.

Pero antes de ir a ese punto, anoto que la naturaleza, origen y magnitud de los abusos que se reprochan a la policía es cuestión que requiere debates de mejor calidad que los que hemos tenido. Yo mismo no tengo todavía los elementos de juicio adecuados para opinar sobre eventuales reformas; posiblemente se requiere algo más que mandar a la cárcel a unos cuantos policías y soldados. Ciertamente, se han cometido algunos crímenes, pero en otros casos lamentables como los de Dylan Cruz y Juliana Giraldo, no vislumbro en los modestos servidores públicos implicados intención dolosa, sino impericia, miedo, fatiga y falta de dirección por sus superiores. Aunque de manera distinta, son también víctimas. En el juego maniqueo en que estamos atrapados la naturaleza trágica de lo ocurrido tiende a ignorarse.

La sentencia de la Suprema se fundamenta en una doble extrapolación: (i) el amparo pedido por los demandantes (personas singularmente determinadas) se aplica a todos los ciudadanos; (ii) a partir de la constatación, por medios probatorios insuficientes, de unos abusos policiales particulares y específicos, se afirma que la Fuerza Pública ha desertado de su función primordial de protegernos para convertirse en enemiga de la comunidad. Con estos fundamentos se emite una multitud de órdenes, entre ellas al Congreso y al Gobierno para que expidan, en tiempo preestablecido, y acogiendo unos determinados criterios, normas de alcance general.

El fallo tiene, pues, dos dimensiones de singular importancia que están correlacionados: que los efectos de los fallos de tutela se pueden extender a personas diferentes de quienes las proponen; y que por esa vía los jueces pueden subordinar a otras autoridades en el ejercicio de sus potestades regulatorias.  Si esto es compatible con el principio de división de poderes y con el régimen general de la acción de tutela, es cuestión que la Constitucional debería examinar. No obstante, por ahora hay que tenerlo como jurisprudencia válida.

En consecuencia, unos cuantos ciudadanos podrían comparecer ante cualquier juez de tutela (es fácil maniobrar para que el asunto le sea repartido a un juez proclive a la “causa”), afirmando (demostrarlo tampoco sería complicado) que han perdido sus empleos con motivo de la crisis económica suscitada por la pandemia. Podrían señalar también que ese fenómeno gravita sobre millones de colombianos, circunstancia que, por ser un hecho notorio, está eximida de prueba pese a lo cual podrían adjuntar una certificación del Dane.  

El paso siguiente consistiría en desarrollar una argumentación muy sencilla: la recuperación del empleo, al que se daría el alcance de derecho fundamental, exige la inyección masiva de recursos  estatales a la economía, no solo para subsidiar a los ricos y a los bancos, que según muchos columnistas y dirigentes políticos es lo que el gobierno ha hecho, sino para sacar de la miseria en que se encuentran los sectores populares como consecuencia de la precariedad de los programas sociales existentes.

La política económica que sectores de la oposición proponen para afrontar la crisis incluye suspender el pago de la deuda externa, liquidar una porción significativa de las reservas internacionales y abrir, sin cicatería, los ductos de la emisión monetaria. Como a pesar de la popularidad que estas iniciativas tienen en sectores amplios del Parlamento es difícil que se conviertan en leyes, parece más expedito el camino de la tutela.

En tal caso, se le pediría al juez de tutela disponer que, en plazo perentorio, se establezca un grupo de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República para definir los recursos que se destinarían a crear el “Fondo Extraordinario para la recuperación del Empleo” y la forma de acceder a ellos. Su cuantía mínima podría estipularse en la sentencia, con base en un documento técnico anexo a la demanda (abundan los candidatos para escribirlo). Esos dineros podrían venir de fuentes presupuestales o de emisión, cuestión que al juez podría parecer indiferente o trivial.

Por absurdo que parezca, el juez de primera instancia resolverá oyendo exclusivamente a los demandantes. Solo con motivo de la apelación se podrá plantear la defensa del Estado. Sus voceros argumentarán que los efectos de la tutela son inter-partes, que el empleo no puede protegerse a través de la tutela, que a los jueces está vedado ordenar gastos que carezcan de fuente presupuestal, que tampoco pueden acotar las potestades normativas del Congreso y el  Gobierno, y que la política monetaria es atributo exclusivo del Banco Central. La sentencia de la Corte Suprema sobre la Policía contiene abundantes elementos para replicar estos puntos de vista y acoger la postura de los eventuales demandantes. Incluso más: un reciente comunicado del Fondo Monetario, retorciéndolo un poco, da pie para afirmar que si el emisor no hace lo que se le pida en esa eventual demanda, puede ser forzado por el poder judicial.

Quiero pensar que el riesgo que describo es bajo, aunque, sin duda, su naturaleza es catastrófica.  Quienes tengan que oír, que oigan.

Posdata. No hemos logrado reconciliar los derechos de las comunidades étnicas con los del resto de los ciudadanos sobre los alcances de las consultas previas a que ellas tienen derecho. Agradezco a Semana por permitirme usar su plataforma para divulgar mi reciente investigación sobre ese tema.

Publicada en Semana y reproducida en El Opinadero con autorización previa de su autor.

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