Mermelada jurídico-política

Por Vicente Zuluaga Osorio

A nuestro país se lo llevó el diablo si no tomamos ya una decisión vertical que involucre a los ciudadanos de bien, capaces de entender que si no es ahora no habrá salvación.

Cuando todo el mundo espera que por fin empecemos a tratarnos como hermanos, sin discriminación por razones de raza, cultura, credo religioso o político o situación económica o social, al gobierno, por boca del ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, se le ocurre que ha llegado el momento de modificar el acuerdo de La Habana, sabrá Dios para qué, si para eliminar la implementación o para derogar las curules aprobadas  en favor de las víctimas (no de los subversivos desmovilizados), o para negarles a los reinsertados las ayudas  económicas para su sustento  mientras se incrementan otros mecanismos para su sostenimiento, o para derogar la Justicia Especial para la Paz, o tal vez para volver a insistir en la creación de una sala especial para los  militares que desvela tanto a Uribe, o para permitir que cualquier gobiernista pueda buscar su vinculación a la Jep así no tenga nada que ver con el conflicto, como lo han intentado varios generales, entre ellos el desvergonzado Mario Montoya, quien  se atrevió a negar todos los cargos que todo el  país conoce, como si ignorara que una condición de procedibilidad es que su objeto es verdad, justicia y reparación.

Como para variar, o para disimular el desprestigio del gobierno, ahora sale el Fiscal General con una orden de captura contra tres generales para dentro de dos meses, como si de esa forma pudiera  disipar la vergüenza que ha causado la desbandada de altos oficiales del Ejército y de la Policía o el llamamiento a juicio del general Atheortúa por parte del señor Procurador General de la Nación, por su conducta corrupta frente a un contrato, incumplido durante varios años, por la irrisoria suma de diez mil millones de pesos.

Pero como todo no puede ser negativo, viene como anillo al dedo el trío conformado por el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación, quienes se comprometieron frente al país a derrotar la corrupción y a castigar a los delincuentes de cuello blanco implicados en crímenes de cierta envergadura. Lo curioso es que los colombianos tenemos mucha fe en nuestro paisano Felipe Córdoba en el control y vigilancia de las arcas del estado y en Fernando Carrillo  en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias  de los funcionarios  públicos, pero cuando pensamos en la aplicación de todo el rigor de  la ley a los sindicados amigos de su jefe político por parte de Francisco Barbosa, hasta ahí llega la dicha porque lo que se le ha visto hasta ahora es su afán de encubrir a sus correligionarios y de acusar a los líderes de la oposición, como ocurrió con la lora que dio cuando anunció la investigación contra la alcaldesa de Bogotá y la senadora Angélica Lozano sólo porque violaron la prohibición de acudir a los supermercados o contra Gustavo Petro dizque porque es posible que el ñeñe Hernández hubiera financiado su campaña a la presidencia de la República.

Ahora resulta que los ilustres jefes de los dos únicos entes de control (Córdoba y Carrillo) tendrán que dedicarse a vigilar al  fiscal, no sea que se les tire sus esfuerzos.