Mundo jurídico y mundo virtual

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Por: Juan Antonio Ruiz Romero

Al anochecer del domingo, una noticia nos sacó del sopor pereirano de 30 grados centígrados de las últimas semanas. Una mujer, que conducía por la Avenida de las Américas bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y arrolló a varias personas que esperaban en un paradero de buses de Belmonte, ocasionando la muerte de Jacob, un niño de tres años y heridas a otros más.

La responsable del accidente fue detenida y al día siguiente durante la audiencia de control de garantías le fueron imputados cargos de homicidio culposo agravado y lesiones personales. Hasta ahí, todo parecía concordar con la idea que tenemos de la justicia: quién comete un delito debe responder por el mismo. Sin embargo, para quienes no somos abogados, es difícil entender las decisiones que tomó el juez: Medida de aseguramiento con detención domiciliaria para la mujer causante del accidente y permiso para ir a trabajar al sitio en donde presta sus servicios como enfermera.

Tocó consultar con quienes sí son abogados y, en síntesis, esto fue lo que me dijeron: La medida de aseguramiento intramural (más conocida como cárcel) debería ser la excepción de la norma. El problema es que nosotros en Colombia, pensamos que la única manera de sancionar a alguien es mandarlo tras las rejas. La señora del caso en mención, sigue vinculada al proceso y si bien no aceptó los cargos (podría ser por sugerencia de su abogado) es probable que lo haga más adelante para aprovechar un principio de oportunidad por parte de la Fiscalía. El hecho de que la enfermera tenga arraigo, familia y trabajo en Pereira, le ofrece cierta confianza al juez de que va a permanecer aquí durante el proceso y carecer de antecedentes penales insinúa que no es un peligro para la sociedad (aunque los hechos del domingo, conduciendo un automóvil, digan lo contrario). Ahí entendí cómo funciona el mundo jurídico.

Y entonces me acordé de la entrevista que ese mismo domingo publicó El Tiempo con el nuevo presidente de la Corte Constitucional, el pereirano Alberto Rojas Ríos, en donde en tono apesadumbrado aseguró: “Cuando uno pregunta el grado de aprobación que la opinión pública tiene de la justicia, el resultado es desolador. El 82 % de la población no aprueba la justicia, según la encuesta Pulso País de diciembre del 2019. Eso es un absoluto desastre en una democracia y en un Estado social de derecho como el nuestro”.

Regresando a nuestro caso, cuando se conoció la decisión del juez, explotaron las redes sociales. Desde quienes lamentaron la medida y la consideraron injusta con la familia que vivió el drama de perder a un niño de tres años y tener a la madre recluida en un hospital, hasta los que -asumiendo la justicia por mano propia- propusieron averiguar dónde trabaja la enfermera “para ir a boletiarla” y uno más atrevido sugirió “usar ácido” para acabar el problema. Más o menos, el linchamiento de la señora. Ahí entendí cómo funciona el mundo virtual.

Por eso, el embotamiento que siento hoy, va más allá de este febrero caluroso. Debe ser por esta sociedad fragmentada y violenta que hemos creado, donde priman las emociones, incluso las malsanas; donde renunciamos a los argumentos y donde creemos a ciegas que una tragedia se reemplaza por otra. Razón tiene el magistrado Rojas: “Eso es un absoluto desastre en una democracia y en un Estado social de derecho como el nuestro”.

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