No a los infiltrados violentos

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JAIME CORTÉS DÍAZ

No por buscar más desgracias, lo que está pasando con la subversión del orden público, se esperaba. Y se debe condenar tanto en la expresión como en los estrados de la Justicia, máxime si se tiene en cuenta las arremetidas últimas del covid-19 en un pico altísimo de muerte y angustia sanitaria, al canto en buena parte provocada por la indisciplina y el descreimiento de los habitantes, como por los aumentos de pobreza que sobrepasa a más de 21 millones de personas, llegando al aterrador porcentaje de 42.5, con secuelas de desempleo, desnutrición, alejamiento educativo, rabia, rencor, impotencia y cierre de posibilidades. Estos ingredientes de muerte y penuria, constituyen una mezcla explosiva de incalculables consecuencias a cuenta de estructuras vandálicas y mercenarias que se encontraban en receso, pero latentes y disponibles para su impulso destructor en procura de desestabilizar el gobierno y abrir canales de terror.

Dos acontecimientos distintos pero convergentes, mueven la mano de hierro que detona con furia el saqueo, daños a la reiniciante economía en cientos de miles de millones de pesos, atentados a autoridades uniformadas, muertos y heridos la carga intolerable de odio racial siglos después de haberse constituido con el cruce y el mestizaje, una etnia cósmica como la definía el filósofo mejicano José Vasconcelos, que dio origen a nacionalidades en América con la coexistencia y participación de blancos, afrodescendientes e indígenas de distintas tribus o encomiendas.

Uno de esos hechos, en la tercera ola de la pandemia, fue el anuncio del Gobierno Central de presentar una Reforma Tributaria (RT) ambiciosa para reclutar medios destinados a cubrir el déficit fiscal y crear correntías financieras para otorgar millones de subsidios a hogares y personas vulnerables y a estados distintos de pobreza en lo que se ha llamado Ingreso Solidario. El otro tiene que ver con el momento actual de vivencia, pues aunque la sensatez no niega la necesidad de recursos para atender la más grande e inesperada crisis de los últimos cien años y ayudar a los más necesitados, la presentación de su recolección resultó inoportuna. Al respecto, la gente no entiende la incoherencia del presidente Duque al desvirtuar en su programa de televisión rumores de una impositiva, al decir que no era época para hablar de otra RT, para luego, sin discusión  previa, presente un proyecto de recaudo no propicio por el desempleo y la ausencia de mercado pleno, con la paradoja de querer asistencialmente ayudar a millones de pobres, pero hundiendo, a demasiados de la clase media. Ahí estaba “el florero” para desacuartelar la militancia ansiosa de las asonadas, infiltrándose en los que de buena fe protestan en uso de sus derechos constitucionales.

Es necesario decir claramente la irresponsabilidad de los dirigentes del paro que, a pesar de la inmensa cresta del contagio y la escasez de camas UCI y medicamentos, desobedecieron con soberbia y desafío el llamado de las autoridades sanitarias, de los médicos en primera línea de contención, e ignoraron la prohibición de las marchas emanada en tutela del Tribunal Superior de Bogotá. Ellos, al decir del alcalde de Cali, al no acatarla, son responsables ante la sociedad y la Justicia y se les reprochará los fallecimientos y contagios que las aglomeraciones traerán.

Desatender los mandatos de autoridades judiciales y administrativas hace parte de la preconizada desobediencia civil para desmembrar el espíritu de democracia republicana. Triste es ver a una policía mermada en su labor misional para restituir el orden adecuadamente en virtud de pasadas decisiones, ante lo cual los empresarios y ciudadanos se preguntan por su protección.

En cuanto al gobierno, la falta de tacto, la no medición de riesgos; la incapacidad de escucha en los instantes previos para discutir y buscar alternativas son, asimismo, percepciones de autosuficiencia y conteos desbordados que de alguna manera empañan el gran esfuerzo que se viene haciendo para salir avante de esta cruel calamidad.

De todas maneras, en la alteración del orden público y en los actos criminales, no puede existir impunidad.

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