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PolíticaNo hay inversión para reducir la pobreza y el riesgo

No hay inversión para reducir la pobreza y el riesgo

Por: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO

A tempranas horas del pasado 3 de marzo la policía y el ESMAD llevaron a cabo el desalojo y destrucción de las moradas de no menos de 280 familias en el sector San Isidro de Puerto Caldas, cumpliendo orden judicial de restitución de predios ocupados por estas familias, algunas con 30 o más años de ocupación del sitio. De acuerdo a denuncias de la comunidad afectada, la causa de esta situación radica en la reanudación de los trabajos del Tren de Occidente, que conectara la Zona Franca de Caimalito con el Puerto de Buenaventura y la destinación de los 36.000 M2 de terreno “recuperado” para desarrollar proyectos de bodegas para acopio de mercancías que se transportaran por este medio.

Llama la atención que la fuerte acción emprendida contra familias indemnes, niños, afros e indígenas, se desarrolle de manera simultánea al plan 100 del presidente Duque que demolerá viviendas destinadas al microtráfico. En el caso de San Isidro la oficina de prensa del alcalde Maya hostiliza la opinión resaltando la captura in situ de personas aparentemente “dedicadas” a este ilícito. Con esto se pretende disimular la violencia y el atropello contra estas humildes personas, que su pecado es ser marginados por un modelo neoliberal que destruyó trabajo y la producción y privatizó nuestros derechos.

Como consecuencia de la marcha convocada y realizada por la comunidad del sector el lunes 6 de marzo y acompañada y respaldada por decenas de personas de todas las condiciones sociales, de un gran sector de la opinión y de un grupo de Senadores, además la intervención del comediante Alejandro Riaño quién sumo él logró a que gobernador y alcalde se responsabilizaran a cesar hostilidades contra estas personas, solucionar su necesidad de vivienda y comprometerse a brindar albergue y comida temporal para los damnificados. Pero este logro no evitará la funesta tarea de la alcaldía de la Capital del Eje a expulsar miles de familias asentadas en terrenos propiedad del municipio y de privados, o localizados en zonas de riesgo desde hace muchas décadas.

Según el documento “Estrategia municipal de respuesta a emergencias” elaborado por DIGER Pereira, se establece que para el 2017 se identificaron según el riesgo: 9080 viviendas por movimiento de masas, 3113 por inundación, 2670 por vendavales, 11356 por sismo, sin contar las expuestas a incendio. Lo que representa 26219 viviendas y 102556 personas. A esta cifra se deben agregar las centenares de familias que como consecuencia de la pandemia han perdido su empleo y por consiguiente deambulan por inquilinatos o acrecentando las zonas de invasión y de riesgo. Decenas de miles de personas no tienen derecho a techo digno, acceso a agua potable y alcantarillado, salud, educación, trabajo, y espacios públicos que dignifiquen su existencia.

Se sabe que la próxima comunidad que sufrirá los rigores del “Tren Maya”, serán las 450 familias de Caimalito que ocupan el predio PINDANÁ, y parte de un privado. PINDANÁ de 30.608 M2 es un terreno adquirido en 1998 por el Fondo de Vivienda Popular con el fin de desarrollar proyectos de VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Tras 23 años desde su compra, formulación de planes de ordenamiento, expedición del decreto 882 de 2003 que reglamentó el Plan Local de Caimalito y destinó 130 hectáreas como expansión urbana para solucionar el déficit de vivienda y relocalizar las ubicadas en zonas de riesgo de este centro poblado, nada se ha avanzado. En este tiempo el predio fue arrendado a terceros para su explotación agrícola. Lo único que avanza es la inequidad tributaria, la desaparición del impuesto predial, inversión en grandes obras de ingeniería que en nada favorecen a los sectores marginados. Con estos gobiernos sumisos al neoliberalismo y la corrupción los únicos ganadores son los financiadores de las campañas políticas, seguirá en aumento la pobreza extrema y la exclusión.

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