No maten la protesta

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De Garzón, en El Espectador

Por LUIS FERNANDO CARDONA

“Nos están matando”, frase que se hizo tendencia desde aquel 9 de septiembre cuando una “pandilla” de policías torturó con choques eléctricos y puso en indefensión al estudiante de derecho Javier Ordóñez, desoyendo sus gritos de dolor y los de sus amigos que documentaron en video el macabro procedimiento y lo transmitieron por redes sociales, con el desenlace fatal de su muerte al interior de un CAI, a donde fue llevado sin sentido.  

“Nos están matando”, gritaron los manifestantes enardecidos e incontrolables cuando expresaron su dolor y su ira por la falta de respeto de quienes tienen como misión la de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pero que -en este caso- se transformaron en verdugos, cobrándole con su vida el haberlos increpado en un procedimiento del cual fue objeto días atrás.

“Nos están matando”, clamaron los padres, hermanos y amigos de trece víctimas, la mayoría de las veces por balas disparadas por miembros de la fuerza pública, en la represión a las marchas de protesta que se tornaron violentas durante esos dos aciagos días septembrinos.

“Nos están matando”, dijo buena parte del pueblo colombiano invocando el artículo 37 de la Constitución Nacional que reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. 

Por eso, la protesta, cuando es pacífica, como sucedió en Bogotá al promediar la presente semana, donde los manifestantes mismos excluyeron algunos infiltrados que intentaron desviar las marchas hacia el abismo de la violencia sin sentido, se convierte en un grito de rebelión plenamente justificado, consagrado por las leyes de la patria.  Esta debe ser ajena a excesos y atropellos, jamás atentar contra la vida e integridad de los servidores públicos, pues estos, cuando obran contrario a la ley, deben responder ante las autoridades competentes y no ante una turba enardecida.  

Pero un Estado que hace dos años firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla y declaró su voluntad de reconciliación, no debe perder el norte criminalizando la protesta.

Dice Guillermo Mora, de la Fundación Paz y Reconciliación, refiriéndose a lo ocurrido en la capital colombiana que: “La alcaldesa de Bogotá, firme en la denuncia de los abusos policiales y desacatada esa noche, sostiene que, a nivel distrital, en la que ella es jefa de la institución, jamás hubo una orden de dispersar las manifestaciones a plomo. Lo mismo dicen el Ministro de Defensa, casi en funciones presidenciales en esta crisis, y los comandantes nacional y local. Pero, en 13 de esos centros los policías dispararon a matar de manera indiscriminada, como lo evidencian varios informes periodísticos y denuncias ciudadanas”.

“Entonces ¿Quién dio la orden de repeler con armas de fuego la indignación civil? O fue una reacción refleja condicionado por el adoctrinamiento de que las movilizaciones sociales hacen parte de una estrategia subversiva en curso y que se tolerarán de manera limitada. Parece cierto que en la protesta actuaron activistas y provocadores, pero fue una justificada protesta contra un aberrante abuso de autoridad. Por arte de birlibirloque el gobierno convirtió la excepción, los vándalos, en lo prominente de la jornada de inconformidad para distorsionar la manifestación ciudadana» -señala el investigador social.

Así pues, en los hechos del 9 y 10 de septiembre, tal como en los ocurridos el 23 de noviembre de 2019 en los cuales perdió la vida el joven Dylan Cruz, muerto por disparo de escopeta calibre 22 accionada por un agente del ESMAD, la Corte Suprema de Justicia le ha recordado al gobierno nacional cuál debe ser su papel, y no es propiamente el de colocarse en el bando contrario al de los ciudadanos. 

En su fallo de 172 páginas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le ordena al Gobierno de Iván Duque, desplegar varias medidas, como reestructurar el uso de la fuerza, suspender las escopetas calibre 12 de uso del Esmad, y al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo ofrecer disculpas públicas por excesos en el Paro Nacional del año pasado.

Como se pudo observar, la Corte protegió los derechos a la libertad de expresión y al de la protesta pacífica y no violenta, y censuró «todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos», haciendo un llamado por la convivencia, la tolerancia y la no violencia.

A todas estas, Pereira ha sido ejemplo nacional de protesta pacífica y respetuosa.  Nuestros jóvenes han salido a las calles a defender lo que consideran justo y a protestar contra lo que repudian, no han atacado a otros seres humanos ni han destruido sedes de instituciones públicas y privadas, y su manifestación se vale del arte para pintar un letrero en un muro que rodea un centro comercial, donde dice “Nos están matando”.   Allanar sus viviendas y llevarlos ante la autoridad, indagarlos, someterlos al escarnio público, sería un acto de provocación innecesario.  

Perseguirlos sería victimizarlos y darles la razón a los violentos. Por favor, no maten la protesta.

3 COMENTARIOS

  1. Excelente Y detallada narrativa sobre la situación del país.
    Un país que parece un cementerio: de asesinatos, masacres y de seres vivos amordazados por el temor , el horror de un sistema dictatorial.
    Si se participa en política, en marchas, protestas,se niega la posibilidad de vida, es una identidad colectiva negada, está prohibida la resistencia, la represión es sistemática, silenciosa.
    Como dice la filósofa Hannah Arendt: » En ausencia de poder, la violencia domina absolutamente.»
    Y algo sobre el concepto de política que no aplica en el ejercicio político de este país afirma la filósofa: » Misión y vision de la política es asegurar la vida en el sentido mas amplio».

  2. Nos están matando .una frase que se expresa con la verdad ,por el actuar de una fuerza publica que es inclemente ante el grito de defenzs No Mas Por Favor no Me Maltrate..

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