Martha Elena Bedoya Rendón
El cinco de abril, en el espacio asignado a nuestra habitual columna del domingo, señalábamos nuestra preocupación por la situación en que se encuentran los trabajadores de la salud del departamento (médicos, enfermeros, auxiliares, etc.) que atienden a la población que ha sido contagiada por el COVID – 19 y expuestos directamente sin la debida protección, sin los implementos de bioseguridad, pero además, sin planes de contingencia, ni capacitación, situación denunciada en premonitorio comunicado dado a conocer por las Juntas Directivas del Sindicato ANTHOC, sindicatos de salud de las ESE Hospital San Jorge y Salud Pereira, Santa Mónica, San Vicente de Paul de Santa Rosa y Apía, y que pone en evidencia la precaria situación en que se encuentra el personal de la salud del departamento.
El pasado 11 de abril, los medios de comunicación reportaban la muerte de los primeros médicos (2) en la ciudad de Bogotá y el 15 de abril la muerte de otros dos en la ciudad de Cali, como la del conductor de ambulancia. Ese mismo día en nuestra ciudad, se nos entregaba la alarmante noticia que diez personas de la clínica Los Rosales: un médico internista, médicos generales, auxiliares de enfermería y personal de terapia respiratoria de la unidad de cuidados intensivos se encuentran contagiados con COVID-19, a lo cual el secretario de Salud del departamento señaló que se había establecido “un cerco en dos días epidemiológico muy rápido” que en nuestras “entendederas” se debió hacer antes, en todas las entidades de salud del departamento y realizar las pruebas correspondientes, pero lo increíble es que se anuncia para el día de ayer el cierre de los servicios de la clínica los Rosales, así no más.
La realidad es que esta pandemia puso en evidencia las fallas que hay en las condiciones de seguridad del personal en atención directa con personas contagiadas y que como lo denunciaba el comunicado sindical, no cuentan con los implementos básicos al no considerarse una enfermedad laboral hasta la expedición del decreto 538 del 12 de abril, que ordena a las ARL en coordinación con los empleadores, entregar los elementos de protección al personal con exposición directa al COVID-1 y el llamado al acuartelamiento.
Ante tal situación, los profesionales de la salud han señalado que el problema no es asumir la responsabilidad de enfrentarse a los servicios, les preocupan las condiciones laborales, los contratos, salarios y, lo más importante, los elementos de bioseguridad a la fecha insuficientes. “No nos llamen héroes, no lo somos”. “No queremos aplausos, lo hacemos por vocación”
Publicada originalmente en El Diario y reproducida en El Opinadero, previa autorización expresa de la autora.
