Hablaré de uno de los más vergonzosos casos de desaparición y asesinato cometidos por miembros de las fuerzas armadas, que no quedó en la impunidad, como otros miles. Por desgracia este Estado, desde la época colonial es violador de derechos humanos y traicionero; negocia y luego viola lo pactado, su consigna parece ser: calificar al disidente, opositor o detractor como enemigo y eliminarlo; y no hablo de las víctimas de los gobiernos del Dr. Uribe, sus ministros de defensa, y cúpula militar comandada por El General Mario Montoya, ni de los desaparecidos y asesinados en el pasado “Paro Nacional” adjudicables a Duque, Molano y Zapateiro; veamos algunos ejemplos:
-Ante la impotencia para vencer a los esclavos cimarrones en Cartagena, decidieron pactar con su líder Domingo Biohó, posteriormente lo capturan y ahorcan.
-Firmadas las capitulaciones, los comuneros: Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz, Manuel Ortiz y José Antonio Galán, sintiéndose traicionados por Berbeo y Plata que no los representaban continuaron luchando, los capturan y “ajustician”.
-Rojas Pinilla negoció con las guerrillas liberales de los llanos, luego agentes de la policía asesinan en Bogotá, el 6 de Junio de 1957, hace 65 años, a uno de sus dirigentes, Guadalupe Salcedo.
-Acusaron a la guerrilla de no negociar la paz, y cuando las Farc quisieron desmovilizarse y regresar a la vida civil a través de un movimiento político, más de 3.000 integrantes de la U.P. fueron asesinados, muchos por balas oficiales, algunos por paramilitares.
El domingo 1 de Marzo de 2015, “El Espectador” páginas 4, 5 y 6, publicó “Informe sobre Colombia para la Corte Penal Internacional. El dosier de las últimas violaciones a los derechos humanos”. Allí Norbey Quevedo Hernández, revela que el gobierno Santos propició una reunión de la CPI con de magistrados del Consejo de Estado, para “evaluar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en las que se ha reconocido responsabilidad del estado colombiano”. “Elaboraron un texto de 292 páginas que sintetiza 160 providencias expedidas en los últimos 25 años, en las que se registran graves violaciones a los derechos humanos”. “Ello no quiere decir que sean acciones u omisiones exclusivas de la fuerza pública o de instituciones oficiales. Por el contrario, muchos de los sucesos incluidos en el informe también tienen que ver con hechos perpetuados por los grupos guerrilleros o las facciones del paramilitarismo, sólo que al ser evaluados por la justicia administrativa, se concluyó que la cobertura del estado fue insuficiente y, de una manera u otra, permitieron fatales desenlaces”.
El informe citó el caso Lalinde:” El 3 de Octubre de 1984, cuando participaba como facilitador en la recuperación de combatientes caídos del Epl, se perdió el rastro de Luis Fernando Lalinde de 26 años, el joven viajó a la vereda Verdún en Jardín, Antioquia; según testigos, fue detenido por el ejército a las 5:30 a.m. el 3 de Octubre; ante su ausencia su madre salió a buscarlo, viajó a Bogotá y no obtuvo ninguna respuesta del gobierno ni de los militares; volvió a Medellín y luego de que la justicia colombiana le diera la espalda, acudió en búsqueda de Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, con cuya ayuda, el caso de Luis Fernando llegó a instancias internacionales. La Comisión Interamericana condenó por ese hecho al estado colombiano en 1987, luego del asesinato del señor Abad Gómez
Fabiola no sabía lo sucedido a su hijo, sus preguntas molestaron a los mismos asesinos o a personas allegadas a ellos, llamados eufemísticamente “fuerzas oscuras del estado”, quienes interesados en asustarla o, desanimarla para ocultar lo ocurrido y mantener la impunidad, allanaron su casa en Octubre de 1988, allí uno de los uniformados (Capitán de las fuerzas oscuras) “encontró” dos kilos de cocaína. Por ese pérfido montaje, pasó un tiempo en el Buen Pastor; con ayuda de defensores de derechos humanos, varias ONG y su familia demostró su inocencia y la falsedad de la acusación, regresó a su búsqueda, sin bajar los brazos ni perder las esperanzas; destacó la solidaridad como un gran aportes a su lucha; calificó su tragedia como “una experiencia dolorosamente bella”; estando detenida, Fabiola bautizó a su injusto e inicuo viacrucis con el nombre de “Operación Sirirí” en referencia a un ave que se enfrenta valientemente, incluso a gavilanes.
En Mayo de 1992 por presión nacional e internacional se logró hacer la exhumación en Anserma, Caldas, en el sitio que según testigos se encontraría el cadáver, hallaron algunos huesos y 100 metros pendiente abajo estaba el cráneo, localizado por los forenses después del regaño que Fabiola les dio; el cuerpo no pudo identificarse, pues los militares asesinos lo enterraron como NN, alias Jacinto. Solo cuatro años después en 1996 científicos de Estados Unidos confirmaron que se trataba de su hijo Luis Fernando, “Se confirmaba la sospecha: fue torturado y vilmente asesinado por las fuerzas militares, tal y como lo afirma el documento de la CIDH de 1987”.
”El 18 de Noviembre de 1996, luego de 4.428 días de búsqueda, la Octava Brigada del ejército le entregó a Fabiola y su familia una caja de cartón que contenía que contenía el cráneo y sesenta y nueve huesos de Luis Fernando”. En Septiembre de 2013 el Consejo de Estado condenó al ejército, pidió a las autoridades investigar el caso y dispuso medidas especiales para recobrar la memoria de este joven, víctima de una grave violación de los derechos humanos”
“Operación Sirirí o como encontrar a un hijo desaparecido” (uniandes.edu.co) recuerda la lucha de Fabiola Lalinde para esclarecer lo ocurrido con Luis Fernando, quién salió de su casa el 2 de Octubre de 1984 y nunca volvió, “Su hijo era militante del Partido Comunista e integrante de la antigua guerrilla del Ejército Popular de Liberación- EPL. Un conjunto de grupos guerrilleros entre ellos el mismo EPL, había comenzado diálogos de paz con el gobierno de Belisario Betancur, y se había, incluso, establecido un cese al fuego bilateral, el cuál fue irrespetado por ambos bandos”.
El 17 de Abril de 2018, doña Fabiola donó el archivo personal de sus años de lucha contra la impunidad y el silencio del estado a la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), Fabiola agradeció a los que la acompañaron en su búsqueda, algunos como Abad Gómez o Eduardo Umaña murieron soñando en construir un nuevo país donde se respetara la vida. “Este archivo está compuesto de cientos de libretas escritas a mano, fotos familiares y papeles oficiales en los que Fabiola documenta el tormento de buscar al hijo que el estado le había arrebatado”. En el artículo “El archivo de la Operación Sirirí”, “El Espectador” domingo 22 de Abril de 2018, página 59, Rodrigo Uprimny destaca que el profesor de Antropología forense José Vicente Rodríguez exaltó a Fabiola como una pionera en el desarrollo de las ciencias forenses del país, gracias a su meticulosidad para documentar el caso. Dice Uprimny: “El archivo de la Operación Sirirí tiene entonces un valor ejemplar como testimonio de la resistencia de muchas víctimas y sus familias contra las atrocidades”.
“El archivo de Fabiola es tan valioso que la Unesco en Octubre de 2015 lo declaró patrimonio de la humanidad”. Esto es un golpe a la cara a los gobernantes de nuestro país, donde las víctimas deben probarle a las autoridades que sus derechos fueron violados, siendo re-victimizadas por la negación del Estado violador y la apatía cómplice de un poder judicial amangualado con él. En su editorial “Defender lo indefendible carece de humanismo”, “El Espectador” domingo 28 de Marzo 2021, rechaza actuación del estado colombiano ante la CIDH, pues “Muestra cómo los abogados representantes de nuestro país ante ese tribunal han utilizado todas las tácticas posibles para negar la realidad, excluir a las víctimas e incluso desconocer fallos expedidos por la rama judicial colombiana”, continúa el editorial: “No hay gobierno que se salve. Todas las administraciones desde 1995, fecha de la primera condena contra el estado colombiano, han fomentado una defensa jurídica que el da la espalda a las víctimas y busca entorpecer la labor de la corte IDH”
No es posible seguir creyéndonos el cuento de manzanas podridas en los organismos del Estado, se debería:
-Redefinir el papel de las fuerzas armadas.
-Revisar y reformar la justicia militar.
– Replantear la doctrinas de seguridad nacional, inspirada en los mandatos del Estatuto de Washington: ”Según esta concepción, el mundo estaría dividido entre dos fuerzas antagónicas: el comunismo oriental y el capitalismo occidental, que estarían enfrentadas a muerte para lograr el predominio de una sobre la otra. En adopción de esa doctrina, las protestas sociales son vistas como expresión de la guerra intercontinental y los activistas han sido considerados agentes de la fuerza antagónica” (Nota 1). Además: “No solo los organismos oficiales de seguridad debían combatir militarmente a los disidentes sino que la población civil tenía que involucrarse en el conflicto creando grupos paramilitares para matar ciudadanos que eran vistos como apoyo- real o presunto- de la guerrilla” (Nota 2).
“Fabiola habla con el dolor de una madre cuyo hijo fue desaparecido por el Estado, que se supone debe cuidar y proteger a sus ciudadanos”.
Notas.
1 y 2-La explosiva “mentalidad contrainsurgente”, ”El Espectador” domingo 1 de Junio de 2014, página 11.
Mil gracias Alexander, episodios como la Operación Siriri, no deben olvidarse, esa es mi intención, creo en el desarme de los espíritus, en la justicia transacional para guerrilla, paramilitares, militares y civiles fomentadores del conflicto , lo bueno sería conocer la verdad, no repetir esos vergonzosos episodios y reparar avesas víctimas con el dinero de los victimarios. Espero que conozcamos otra versión de patria que nos permita decir con orgullo que somos colombianos
Es cierto,quedan una ira y una tristeza desoladora ¿Qué hacer? Recordar, recordar, divulgar y no permitir que se repita la cacería infame de inocentes.
Ecxelente…pero sin sabor, impotencia, …que se puede hacer?
Felicitaciones al columnista José Danilo Salazar por relatarnos la denuncia de la memoria, de uno de los miles de casos de dolor que a diario atormentan a nuestra bella nación. En nada estoy de acuerdo con sus puntualidades ni con sus posturas, pero agradezco el esfuerzo en la rigurosa cronología de los hechos que intenta hacer notar. En lo personal tengo un prejuicio con los relatos de los «defensores de derechos humanos», pues a la mayoría los considero defensores de ideologías de izquierda, más que genuinos guerreros en favor de la vida y del respeto por la Naturaleza. Me hacen pensar, que en su desazón por el resentimiento que les produjo los múltiples dolores de la infancia, terminaron pensando que el asunto del respeto sublime al Espíritu de la Vida es un asunto ideológico. Finalmente deseo recomendar, que al columnista José Danilo Salazar se le deba leer, pues siempre trae alguna riqueza. Buen día.