El pasado 15 de junio de 2022, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Consejo de Estado profirió un auto que echó a suelo la excepción de Cosa Juzgada, propuesta por el Área Metropolitana Centro Occidente, AMCO, en un proceso judicial, iniciado en 2016, donde, junto con MEGABUS S.A, figuran como demandadas por PROMASIVO S.A, que pretende la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del Contrato de Concesión, mediante el que operaba parte del servicio de MEGABUS.
Es un capítulo más para sumar a la historia de los litigios de esta empresa oficial con los operadores del transporte masivo que prestan el servicio en el área metropolita de Pereira. Al que nos referimos comenzó en 2015, cuando PROMASIVO S.A. llamó a MEGABUS a un Tribunal de Arbitramento, alegando irregularidades en el procedimiento que esta empresa le aplicó para caducar su concesión.
Aunque ese Tribunal de Arbitramento no encontró las irregularidades que, según el concesionario, le causaron perjuicios por cerca de $143.000 millones, cuya indemnización pretendía; dentro de las consideraciones del Laudo aparece un párrafo muy revelador:
«El actor (PROMASIVO S.A.) centró todo su esfuerzo probatorio en establecer si MEGABÚS había violado la participación económica y el aumento de las tarifas. Por otra parte, la demandada no era la llamada a responder por el supuesto incumplimiento del reajuste de las tarifas, sino la autoridad de tránsito AMCO, quien no era contratante y por ende tampoco demandada en la presente litis. (…)» de donde debemos deducir que si el demandante también hubiera citado al AMCO hubiere tenido éxito en sus pretensiones.
Después del fracaso de su acción en el Tribunal de Arbitramento, PROMASIVO presentó, ante el Tribunal Contencioso- Administrativo de Risaralda, la demanda a la que nos referimos al comienzo, contra MEGABUS S.A., en cuyo desarrollo el Tribunal ordenó la vinculación del AMCO, que fue quien presentó la excepción fallida.
Así las cosas, queda un riesgo razonable de que este proceso judicial termine con una condena a MEGABUS y al AMCO, lo que nos hace temer que se repita la historia de agosto de 2021, cuando otro Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá condenó a MEGABÚS S.A. a pagarle a INTEGRA S.A., los perjuicios que esta transportadora demostró en el curso del proceso de arbitraje, por no reajustar las tarifas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020.
Perjuicios que indexados sumaron $12.206´304.416, suma que tuvieron que asumir los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, de nuestros impuestos; obligados a cubrir las pérdidas que registre el sistema, de acuerdo con el convenio suscrito entre el Ministerio del Transporte y esos municipios como socios, cuando se constituyó MEGABUS.