Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
Las controversias, acusaciones, reclamos sociales, empresariales, sindicales o políticos necesariamente tienen que procesarse con estricta sujeción a la normatividad jurídica. Con apego a esta, hasta los culpables tienen derecho a defenderse. Nosotros somos un Estado social de derecho, regido por una Constitución que consta de 380 artículos, contenidos en 13 títulos y 67 artículos transitorios, que regulan los derechos y deberes de todos los ciudadanos. En contraste con la nuestra, la de Estados Unidos aprobada en 1787 por la Convención de Filadelfia, considerada la Constitución federal en vigencia más antigua del mundo, tiene un preámbulo, siete artículos y 27 enmiendas y sus nacionales se sienten absolutamente protegidos. Colombia es un país distinto. La que nos rige, cumplió ayer domingo 30 años y ha sufrido 56 reformas y sigue siendo, en palabras del exmagistrado Armando Novoa García “un proyecto de sociedad inconcluso”. Algunas de ellas guardan consonancia con la Constitución pero muchas otras se han realizado para resolver problemas coyunturales y de tipo personal sin visión de Estado, como la reelección presidencial en 2003, por fortuna derogada en el 2015. Son muchas las situaciones adversas que nos asedian en un país de leyes que, cuando actúa, su justicia es tardía. El anuncio presidencial de una ley antidisturbios es injustificable e inentendible pues suficientes hay en el Código Penal y de Policía, como en la misma Constitución que, dentro del Estado de Conmoción, lo autoriza incluso a destituir alcaldes y gobernadores en la búsqueda del restablecimiento del orden público bajo su mando. Lo que hoy estamos viviendo en algunas ciudades es caos, pillaje y vandalismo propiciado y orquestado, no solo por integrantes de organismos de poder del Estado, sino por mandatarios seccionales, como el de Cali, llegándose incluso a atentar contra la integridad del Presidente de la República. La explosión del carro bomba en la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta al igual que los disparos de fusil al helicóptero presidencial sucedidos en la misma ciudad, dejan claro el relajamiento en la seguridad de los entes de inteligencia, máximo si se tiene en cuenta que esta zona del Catatumbo es hoy por hoy la más convulsionada de nuestra geografía por estar allí presentes todas las organizaciones delictivas del país, en un área limítrofe con una nación cuyo gobernante y fuerzas armadas les brindan el apoyo necesarios. Suceder todo esto, sin que nadie responda, al igual que por las redes circular videos de un Senador insultando a nuestra Fuerza Pública y confesar que con su celular ha hecho más daño al país que con todas las armas posibles, dando a conocer el número de la cuenta bancaria para recibir las ayudas destinadas a la compra de elementos de protección para los combatientes de la primera línea, cuyas violentas protestas han causado muertes y pérdidas por 12 billones de pesos sin que las leyes, por montones existentes, ninguna se le aplique, no sucede sino en una nación en el que sus ciudadanos precisamente están protestando por sentirse desprotegidos, sin justicia y vulnerados por un Congreso que, sin trabajar, cobra 32 veces más el salario mínimo existente. Solo ahora, después de dos meses de iniciados los actos vandálicos, la Corte Suprema abrió una indagación preliminar contra el senador Bolívar tras responder a una denuncia por financiamiento de la primera línea. Su cínica respuesta fue: “sería un honor ser condenado por financiarla”.
En un país de leyes pero sin justicia, incapaz será la Corte de concederle “el honor que el criminal reclama”.
Alberto Zuluaga Trujillo alzutru45@hotmail.com