Ante los anuncios de las declaraciones conjuntas del 29 de diciembre de 2022 de la Función Pública y la ESAP, respecto a los lineamientos con que las diferentes entidades del estado y de los entes territoriales deben proceder para la vinculación de funcionarios a través de contratos de prestación de servicios, que solo han causado incoherencias y ambigüedades, hasta aclaraciones apresuradas sobre las mismas circulares, el Mintrabajo a cargo de la ministra Gloria Inés Ramírez envió una carta a la Presidencia de la República en la cual sostiene:
“En solo cuatro meses no pueden desaparecer todos los contratos de prestación de servicios que hay en el sector público ya que el Departamento de la Función Pública no tuvo en cuenta las recomendaciones del ministerio, sabiendo que la propuesta establece que para abril del 2023, las entidades públicas regionales y nacionales deben determinar presupuestos que requerirían para contratar de planta a sus contratistas”.
Adicionalmente el Mintrabajo le recomendó a la presidencia seguir firmando contratos hasta el 31 de diciembre.
No cabe ninguna duda que la circular conjunta de la Función Pública y la ESAP no solo ha causado malestar, sino que ha creado un mar de inquietudes y dudas en todas las entidades públicas, llevando a los jurídicos a dar interpretaciones de diferente índole, que en el fondo tampoco ayudan a los administradores a hacer claridad sobre la forma de vincular funcionarios por contrato de prestación de servicios, y que, por el contrario, solo arrojan confusión y dudas y a la postre entorpecen el funcionamiento de todo el sector público.
¿Cómo es posible que dos entidades del Estado como son la Función Pública y la ESAP, produzcan circulares sin tener en cuenta la ley de garantías? Este apresuramiento, por fortuna, ya fue cuestionado por el propio Mintrabajo que recomienda no hacer contratos por cuatro meses sino hasta el 31 de diciembre de 2023.
Seguramente si las intenciones de la Presidencia de la República son las de formalizar el trabajo, éste debe obedecer a estudios serios que respalden las propuestas y concertarlas con las autoridades laborales de todas las entidades nacionales y regionales, empezando por el Mintrabajo, si es que de verdad quieren hacer este tipo de reformas en beneficio de la formalización del trabajo y de los mismos trabajadores.
Esa propuesta inicial de hacer contratos solamente por cuatro meses, resulta ofensiva y perjudicial para miles de contratistas del Estadoo; esto sin tener en cuenta que pasados estos cuatro meses viene la ley de garantías que impide que se hagan ampliaciones a estos contratos.
Por todo esto y teniendo en cuenta que la máxima autoridad laboral en Colombia es el Mintrabajo, es este el encargado de producir y ejecutar todas las políticas de empleo, empezando porque se acaten sus sugerencias de hacer contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de 2023. Las sugerencias de la Función Pública y de la ESAP, prontamente pasaran al olvido, sin que hayan logrado ser realizadas, de lo que pudo haber sido y no fue.
Bien por la Ministra Gloría Inés Ramírez.
JAIRO ARANGO GAVIRIA
Enero 2023