Como consecuencia de las quejas de los ciudadanos del Área Metropolitana por las irregularidades en la gestión catastral que en enero de 2022 infló los avalúos de sus inmuebles, la Superintendencia de Notariado y Registro está notificando el inicio de una Actuación Administrativa y la formulación de un pliego de cargos, en contra del Area Metropolitana de Centro Occidente-AMCO- en su calidad de Gestor Catastral, por haber encontrado presuntas infracciones a las normas que regulan esa gestión.
Algunas de las infracciones serían: el uso simultaneo de de dos sistemas de gestión catastral, uno para Pereira y Dosquebradas y otro, diferente, para La Virginia, lo que, de acuerdo con lo anotado por la Superintendencia, pone en riesgo: “la integridad e integralidad de la información catastral de los municipios de su jurisdicción”.
También, dice el pliego de cargos: “El Gestor Catastral no cuenta con un Observatorio Inmobiliario Catastral en el que repose la información del mercado inmobiliario de los tres municipios bajo su jurisdicción, (…)”
Aunque el eventual proceso sancionatorio, que se puede derivar del pliego de cargos mencionado no remedia las irregularidades de la aplicación del reavaluo anómalo para elevar los cobros del impuesto predial en los municipios del Área Metropolitana, pues no está dentro de atribuciones de la Super Registro; si comienza a demostrar la falta de orden y la ausencia de rigor en el trabajo del AMCO como Gestor Catastral, que se reflejan en la forma poco ortodoxa con la que manejó el reavaluo del año 2022.
Esto robustece los argumentos expuestos en las demandas que se tramitan ante la justicia Contencioso Administrativa, solicitando la nulidad de los Actos que dieron como resultado el incremento irregular de precios e impuestos en los municipios que atiende. Una de ellas, la que quedó radicada en el Juzgado 4º Administrativo Oral de Pereira ya admitida, coadyuvada por varios ciudadanos y a la espera de una decisión que probablemente ordenaría la suspensión provisional del reavaluo.
Suspensión que nos acercaría a una decisión favorable a los intereses de la comunidad y al escenario que, en junio de 2022, advertimos en una carta abierta al alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López: «(…) como el proceso judicial que declararía la nulidad podría tardar varios años, se afectarían las liquidaciones del impuesto predial, calculadas sobre los reavalúos que ahora se discuten y sus incrementos de todos esos años posteriores y, como los contribuyentes pueden reclamar la devolución de los pagos hechos en exceso o de lo no debido, hasta cinco años después, el Municipio de Pereira soportaría una dificultad prolongada para proyectar los recaudos de su principal fuente de ingresos fiscales que es el impuesto predial, lo que afectaría su capacidad de inversión. Un efecto indeseable para gobernantes y gobernados.»