Este 30 de agosto de 2023 no será recordado como el día que cumplió 160 años de fundación, será recordado porque solo 24 horas antes, se produjo el cierre de la fingida licitación pública convocada por Aguas y Aguas de Pereira, para la construcción del sistema de tratamiento de lodos de las plantas de tratamiento de agua potable, que abastecen nuestro sistema de acueducto.
Como se esperaba, solo se presentó el ungido Consorcio Plantas representado por el Ing. Armando Marulanda Fernández por un valor de $15.394 millones de pesos, solo 11 millones menos que el presupuesto oficial, calculado en $15.405 millones y 40% de anticipo. Con burro amarrado, como dicen por ahí.
Este proceso se publicó para conocimiento de posibles oferentes, ciudadanía y veedores, el miércoles 16 de agosto. Se estableció visita obligatoria para el viernes 18 de agosto, dos días después de la apertura, a la cual solo se presentaron dos proponentes, y solo el Consorcio Plantas cumplió con el requisito de asistir acompañado de ingeniero electricista con experiencia en automatización de plantas. Así pues, para la preparación, estudio y elaboración de la oferta se destinaron ocho días hábiles. La obra a ejecutar es de alta especialización y responsabilidad, y por consiguiente, era importante obtener un número plural de propuestas de firmas o consorcios calificados y con experiencia comprobada, lo cual no existió, se esquivó y se evitó.
En procura de defensa de los derechos colectivos, radicamos una petición ante la gerencia y el Sindicato de la empresa radicó otro petitorio, todos desatendidos. En el primero se solicitó suspensión del proceso y se estudiaran inconsistencias encontradas en el pliego y el incumplimiento de requisitos legales. El primero y más importante, es que aún siendo esta una empresa de servicios públicos, que se rige por la Ley 142 de 1994 y sus procesos contractuales se ejecutan por régimen especial, siendo su patrimonio público, deben cumplirse los principios constitucionales de planeación, publicidad, libre competencia, economía, libre concurrencia, selección objetiva y adjudicación transparente. Pero hay que advertirlo, estas normas sólo existen en el papel.
El pliego tipo Egoya publicado para este proceso, establece que el plazo de la obra es de seis (6) meses, imposible de cumplir, pues la ejecución de los trabajos incluye importación de equipos y puesta en marcha de las instalaciones. No existe cronograma de la empresa que certifique la razón de este plazo.
Surgen preguntas elementales, pero no por ello menos importantes que todos los pereiranos debemos hacernos:
1- El solo aviso de convocatoria deja muchas dudas. La primera de extrema importancia. ¿Cuándo ejecutan las obras?
2- ¿Si se requiere buena participación en un proceso público, por qué un plazo de dos (2) días entre la publicación de los pliegos y la fecha de visita? Miremos las experiencias de las obras contratadas y ejecutadas en estos años y saquemos conclusiones.
3- ¿Si a la visita obligaban a tener acompañamiento de ingeniero electricista con experiencia en automatización de plantas, por qué Aguas y Aguas no dispuso un funcionario con similar formación académica para atender este evento?
4- No se conoce quién ejecutó los diseños del proyecto y en qué año. Esta información es necesaria para saber si se cumplió con las exigencias de la norma RAS 799 de 2021.
5- No se programó la audiencia de asignación de Riesgos en la cual se debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos, requisito obligatorio para salvaguardar los intereses de la entidad.
Estamos asistiendo a otro proceso licitatorio más de los ejecutados en esta empresa durante muchos años plagado de inconsistencias y debilidades y donde se demuestra fácilmente el incumplimiento de principios constitucionales de concurrencia, publicidad, economía, selección objetiva, entre otros, y que son necesarios para cuidar el patrimonio de la empresa. Esto no es posible cumplir, mientras la administración administrativa, financiera y técnica de la empresa sea objeto de negociaciones en los multimillonarios procesos electorales. No hay el menor asomo de méritos y experiencia en la designación de sus altos cargos directivos. La corrupción evidente que se percibe en nuestras instituciones públicas, y el calamitoso estado que presenta Aguas y Aguas, nos indica que va camino a su privatización. Fue el mismo proceso vivido en la empresa de energía. ¿Lo vamos a permitir? Pereiranos ustedes tienen la palabra.
