Que viva la Honorable Corte Suprema de Justicia

Por: Vicente Zuluaga Osorio

Cinco honorables Magistrados de la Sala de Instrucción, después de 8 años de investigación por la denuncia contra el Dr. Iván Cepeda formulada en el año 2012 por el senador Uribe y de 10 meses de análisis del caudal probatorio, tomaron la más trascendental decisión en la historia de la justicia colombiana, tras considerar que quien debía ser investigado era el denunciante, y con base en su leal saber y entender ordenaron como medida de aseguramiento la detención preventiva en su propio domicilio, previa caución por una suma superior a los cien millones de pesos que no es una multa sino una garantía de que no va a evadir sus obligaciones como presidiario, así como suena, porque el código considera que en estos casos excepcionales la casa es la cárcel, de tal manera que no puede salir hacia ninguna parte y a ninguna hora, salvo una fuerza mayor o un caso fortuito.

La medida de aseguramiento de detención domiciliaria es apenas una de las varias decisiones que en el transcurso del proceso dictará la Honorable Corte hasta la sentencia condenatoria, o absolutoria si su abogado logra demostrar, cuestión bastante difícil, su inocencia, o que se ha presentado alguna causal de nulidad.

Durante ocho años el sumariado estuvo gozando de libertad y después de la indagatoria pudo ejercer con más exactitud su defensa con pleno conocimiento de los cargos imputados, los cuales pudo deducir de las preguntas formuladas por el Honorable Magistrado Instructor, de donde se desprende, sin ningún apasionamiento, que el sub presidente Duque incurre en una imperdonable falta de respeto al pueblo colombiano y a la Constitución Nacional que le ordena respetar la tridivisión del poder público, porque cada una de las ramas son autónomas e independientes, de tal manera que afirmar que Uribe debe ser investigado en libertad está usurpando el poder de la Corte y se ha hecho acreedor a una investigación penal que sumada a la que debió abrirse hace mucho rato por haber sido elegido con votos  comprados por el Ñeñe Hernández y su combo de la costa Atlántica, debe conducir a su detención  preventiva en La Picota, para que sirva de escarmiento.

No es pues, una infamia; ni un fallo politizado; ni hay porqué rasgarse las vestiduras porque Santrìch y algunos otros guerrilleros de las farc están en libertad y sus jefes en el Congreso, a pesar de todos los gravísimos crímenes que no han pagado suficientemente contra los niños secuestrados, y las niñas violadas y obligadas a abortar y las numerosas  masacres  cometidas contra poblaciones indefensas y los incontables muertos a lo largo de sus 50 años de guerra injustificada, que no ha terminado aún porque algunas disidencias continúan delinquiendo porque nada tiene que ver lo uno con lo otro;  ni puede hablarse de violación al debido proceso y al derecho de defensa, como lo propuso el abogado Cancino cuyo único mérito es ser hijo del ilustre Antonio Cancino; ni tiene sentido pedir el archivo de las diligencias como lo hizo en su desespero el defensor  Jaime Granados; ni tampoco que nos sigan amenazando con que nos van a matar o que la reservas del ejército deben empezar a  manifestarse; o que hay que convocar una asamblea nacional constituyente para eliminar las cortes, para que funcionen a través de salas sin el poder que tiene la Corte Suprema de Justicia, es decir,  para que no haya quien  juzgue al presidente eterno y para revocar la Jep, como sueña Paloma Valencia o para modificar la estructura del Estado como lo pretende el despistado Angelino Garzón, porque olvidan que no tienen el respaldo ciudadano para ese entuerto; ni hay que recordarle a la Honorable Sala  de Instrucción de la Corte Suprema que Uribe fue elegido con  la mayor votación y fue presidente dos veces, que prometió en su primera campaña acabar con las farc en 6 meses y pasaron 8 años y nada, pues el mérito de las bajas en ese grupo guerrillero es obra del doctor Juan Manuel Santos, porque ninguna importancia tiene para debilitar el acervo probatorio; ni es de recibo decirle a la  Honorable Corte qué debe hacer y qué no debe hacer.

Lo que sì debe quedar claro es que la Honorable  Corte  ordenò la detención del presidente eterno porque considerò que es un peligro para la  sociedad, que puede obstruir a la justicia y que existe un evidente riesgo de fuga  del delincuente.

Tambièn debe resaltarse que como consecuencia de esta primera trascendental decisión se vendrán encima del sindicado, por más presidente que haya sido, las medidas de aseguramiento de detención preventiva, ojalá esta vez sí, en La Picota, por los 10.000 falsos positivos, las masacres del Aro, La Granja, El Roble, las innumerables actos de corrupción, la entrega del Das a los paramilitares, los fraudes electorales, la elección de Duque con votos comprados, las chuzadas a la Corte Suprema y a los líderes de la oposición etc., etc.

La trascendencia de la prisión de Uribe opacó por algunos días el escándalo que despertó el acoso laboral y el abuso sexual en una de las altas Cortes, que ojalá se dilucide pronto.