Por JUAN GUILLERMO ANGEL MEJÍA
Para ilustrar la tragedia que resume el pensador cuando dijo: “Miserable es la vida de un pueblo que tiene que juzgar a sus jueces”, bueno es recordar algunos ejemplos.
Ha sido condenado El Nogal, el establecimiento que resultó enlutado por una bomba asesina, a indemnizar a las víctimas del atentado terrorista del cual fueran responsables las FARC, a juicio de los togados no es el criminal quien pulsó el botón que causó tanta muerte y dolor quien debe reparar, por el contrario, el fallo condena a quien recibió el impacto de la metralla.
La impunidad pactada en La Habana, documento que otorga las concesiones que no comparte Amnistía Internacional cuando dice que la historia no recuerda un acuerdo que otorgue tanta impunidad y garantías, entre otras razones puesto que, como dijo Vivanco, los responsables de crímenes de guerra “no enfrentarán castigo ni remotamente serio”.
Como no hubo sanciones y por el contrario curules gratis y como no se dieron los reintegros de la inmensa fortuna acumulada en décadas de delinquir, ahora la justicia obliga a pagar por el estropicio a otros en reemplazo de los victimarios.
Informó Caracol TV que los magistrados que se lucraron del carrusel de la toga gozan nos sólo de buena salud sino también de libertad y plenos derechos, al igual que lo hacen otros magistrados a quienes hace cuatro años se les venció el período y se quedaron atornillados cobrando, muy orondos.
Recuerdan a los Fiscales Montealegre y Perdomo, los del contrato de los miles de millones con la señora Tocarruncho quien, en un molinete digno de Manolete, adoptó apellido de rancia estirpe teutona, mismos de las decenas de millones dilapidados en la fallida universidad de la fiscalía y de los increíbles costos para sostener una diplomacia paralela a la del estado, los del montaje del hacker, para no mencionar el fastuoso avión jet que solo puede aterrizar en cuatro o cinco aeropuertos nacionales, mismos a quienes ahora les endilgan el haber recibido sobornos.
El estado debe indemnizar al almirante Arango Bacci por el montaje del cual hicieron parte integrantes de la armada, mismos quienes en castigo recibieron cargos diplomáticos, también actuaron como actores de reparto los fiscales Montealegre y Perdomo y a la fiesta se sumaron hasta los más altos dignatarios del estado, quienes lograron encarcelar a un inocente.
Los episodios de injusticia se repiten cuando delincuentes detenidos en flagrancia son liberados sin fórmula de juicio, cuando condenan al estado por cuantías multimillonarias, gracias a la graciosa interpretación de un inciso, cada vez que los jueces deciden sobre temas que desconocen y generan enormes perjuicios; el ordenase, sin tener encuentra de dónde saldrá el dinero, quién resulta afectado, ni qué estudios y diseños se requieren, son pan de cada día.
Para que no se tenga duda sobre la injusticia de la justicia colombiana basta revisar los casos de jueces que prejuzgan y no se declaran impedidos y lo peor confirmar que la presunción de inocencia ha desaparecido, basta que se compulse una copia o se dé inicio a una indagación para detener y poner en prisión al encartado; no podemos olvidar que la pena máxima es esa, la de la privación de la libertad, la cárcel es un arma letal que se está utilizando “sin medida ni clemencia” como dice la canción, de esta manera se conculca el derecho a la defensa y más que eso se violenta el principio universal de derecho, el de la presunción de inocencia.
Se nos corrompió la sal, hasta cuándo, cuándo será ese cuándo, cuando recuperaremos la majestad de la justicia, puesta en entredicho y afectando a quienes son probos y cumplen con decoro la más sagrada de las misiones que el estado encomienda a los servidores públicos, el impartir justicia sin mirar: ni credo, ni raza, ni condición social, ni creencias; que hay jueces honestos, que los hay los hay, pero también es cierto que cada vez son menos.