¿Quién responde por la calidad de las obras públicas?

Por: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO

El Contralor Felipe Córdoba participó el 22 de junio pasado en una sesión descentralizada de la Asamblea Departamental celebrada en Apía. Allí se abordó el tema del abandono de las obras del puente Limones, ubicado en la vía entre Pereira y Quibdó, que contrató el FONDO DE ADAPTACIÓN de manera directa en el año de 2014, con plazo de siete meses y un valor de $5.104 millones.

Como lo denunciamos hace varios años, la construcción de este puente, necesario para la segura y rápida comunicación del tránsito de carga y pasajeros por este corredor vial, tiene al menos seis años de retraso. El puente fue puesto en funcionamiento unos pocos días y tuvo que ser cerrado, pues presentó graves fallas en su estructura que presagiaban un colapso. Por ende debieron demoler parte de su estructura y no fue posible que el contratista e interventor cumplieran con el objeto del contrato. Nada se sabe si la compañía de seguros que expidió las pólizas de cumplimiento y calidad de las obras fue llamada a responder, y si los responsables fueron objeto de las multas previstas en el contrato suscrito. Lo que anunció el Contralor es que INVIAS tendrá a su cargo la rehabilitación y puesta en funcionamiento de esta estructura.

Por otro lado, este fin de semana circuló por redes sociales un vídeo elaborado por alumnas de grado 11 del instituto Mistrató, denunciando el pésimo estado que presenta el edificio que alberga este plantel educativo. Las estudiantes relatan y muestran techos y cielos rasos en mal estado, infraestructuras averiadas y una zona cerrada que indican, es un área afectada, situación de extrema gravedad. Según el aviso que aparece en pantalla la obra fue contratada por la Gobernación de Risaralda para la ampliación de la planta física de esa sede educativa en el año 2017, por un valor de $1.567 millones de pesos, y un plazo de cuatro meses. El contrato inició en abril de 2017 y fue entregado en febrero de 2019, o sea que el plazo definitivo fue de 22 meses, ¡cinco veces el término previsto!

Las alumnas expresan que una vez terminadas las vacaciones no regresan a clases presenciales, pues el estado del plantel no garantiza su seguridad y bienestar. Y es que Risaralda está llena de instalaciones educativas en deplorable estado, muchas amenazan ruina, otras han sido clausuradas, otras demolidas para dar paso a edificaciones nuevas, muchas de estas abandonadas dado que el Ministerio de Educación hace unos años contrató la construcción de infraestructura educativa para todo el país con una firma extranjera que dejó abandonados los trabajos y centenares de obreros y proveedores tumbados en salarios y pagos de facturas. Todo un proceso corrupto, hoy impune.

Por lo que puede deducirse de desastres como estos en materia contractual y que perjudican a la comunidad, las obras públicas son la principal fuente de corrupción del país. Por esta vía se desaparecen centenares de miles de millones de pesos destinados a vías, puentes, acueductos, alcantarillados, vivienda, etc. Que se quedan sin terminar o colapsan o no se inician y se roban el dinero. Nadie responde, ni hay justicia, y ahora parece que la Contraloría General busca mecanismos para terminar obras en medio de la completa impunidad. Y se requiere que la Procuraduría intervenga de inmediato en el caso de los planteles educativos, está de por medio el derecho a la educación de los jóvenes, pues colegios públicos deteriorados o abandonados, son con seguridad, cuna para el atraso y la desigualdad.