Por FERNANDO ARIAS CARDONA.
Durante el mes de junio de 2021, visitó a Colombia una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a propósito de las denuncias de las masivas violaciones de DDHH por parte de autoridades oficiales, en el marco del Paro Nacional, iniciado el 28 de abril pasado.
Esta visita, hay que decirlo, fue muy a pesar del gobierno Duque, pues recordemos, se opuso inicialmente, con el peregrino argumento que era mejor esperar los resultados de las investigaciones de los órganos de control internos.
Son muchos los tópicos abordados por la Misión de la CIDH en su informe de 48 páginas, de entre los cuales es importante resaltar los siguientes, en esta primera entrega que hago sobre el tema:
En primer lugar, la Misión halla un hilo causal común entre las movilizaciones de 2019 y 2020, con la del 28 de abril de 2021: La inequidad social y económica, que trae como consecuencia la pobreza generalizada, agravado por el errático manejo oficial de la pandemia, puesto que sus consecuencias recayeron sobre los más débiles, provocando la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas, aumentando exponencialmente el desempleo, mientras que los grandes empresarios y el sistema financiero, se regocijaron con ganancias extravagantes en 2020 (cerca de 15 billones de pesos). A lo anterior, se suman las violencias contra defensores (as) de DDHH, líderes (as) sociales, firmantes de la paz, que ya son casi 300 ex miembros de las extintas FARC asesinados en campos y ciudades. Sólo en 2021, ya se pasa de 100 los líderes (as) asesinados: ¡¡Todo un genocidio!! ¿Y cuál es la respuesta del Estado? En la gran mayoría de los casos, la más grosera y total impunidad.
Otro tópico abordado en el informe mencionado, trata de la concentración en pocas manos del poder político y administrativo en el país, al menos en dos sentidos: (i) Por una parte, el cúmulo de facultades que se concentran en la figura del presidente de la república, ya de por sí asfixiante en la actual Constitución Política, sino además, por el abuso en que incurre este presidente de sus facultades reglamentarias: Basta mencionar cómo expide decretos a granel, que constituyen verdaderos monumentos a la arbitrariedad, como lo es el decreto 575 de 28 de mayo de 2021, mediante cual le da tratamiento de conmoción interior a la problemática social, pero sin declarar dicho Estado, evitando mañosamente el necesario control de la Corte Constitucional; así decretó la llamada “Asistencia Militar”, subordinando de paso, a las autoridades civiles regionales y locales, a la autoridad policiva y militar; y, (ii) el copamiento de todos los órganos de control por parte del partido de gobierno y sus aliados más cercanos, como son la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, entre otros, garantizando así, la mayor desinformación oficial posible, y menos posibilidades de veeduría ciudadana, y de la necesaria rendición de cuentas por parte de todas estas autoridades.
Esta concentración del poder, advierte entre líneas el informe de la Misión, pone en serio riesgo el sistema de pesos y contrapesos, previsto en la Constitución de 1991. Si el modelo de pesos y contrapesos no está funcionando, sin duda, estamos pisando el terreno minado del autoritarismo!
