Reducir el estado y reducir la inequidad.

  Si nos pidieran caracterizar el clientelismo en una palabra diríamos que es la conducta por medio de la cual se dispone de la propiedad pública en beneficio particular, así el dinero para atender la salud de muchos termina en manos de unos pocos confabulados para enriquecerse, el contubernio opera de manera tal que quien tiene poder de disponer de la res pública otorga ventajas y facilidades a sus cómplices con los cuales parte el botín; esta conducta va desde las gigantescas mordidas en la contratación pública, hasta las mínimas de las que habla, como si fuera algo que no vale la pena, el senador Lara o los chistes con los que minimiza un miembro de una junta directiva cuando pregunta si de lo que se trata es de investigar por cuánto se compró un paquete de cigarrillos a lo que otro agrega,, si alguien está investigando, cuántos wiskis se ha tomado de cuenta del estado.

       La corrupción es una sola, entregar el espacio público de manera gratuita a sus amigos electores, como lo hacen con largueza alcaldes; regalar contratos innecesarios, incrementar innecesariamente la burocracia para, con puestos, pagar favores políticos es otra forma de hacerlo y catapultar el gasto del estado, es un ejemplo claro de clientelismo en grado superlativo.

     Presentan otra vez una propuesta para reducir el número de congresistas a la mitad, algunos otros sostienen que reducir el Congreso no es suficiente, argumentan que además se debe reducir el estado. Colombia tiene superpoblación de magistrados, menciona la revista Semana cómo “desde que entró en vigencia la Constitución de 1.991, sin tener en cuenta la JEP y el Consejo Superior de la Judicatura, Colombia ha tenido 256 magistrados mientras que los Estados Unidos, desde su fundación es decir en 244 años ha contabilizado 104 magistrados”, agregamos nosotros cómo, si sumamos las dos cortes no tenidas en cuenta pasarían por mucho de 300 los magistrados a tener en cuenta, en diez veces menos tiempo que en el poderoso país del norte, y si cada uno de estos notables le agregamos los magistrados auxiliares bien se podría triplicar esta cifra; en pocas palabras si se reducen a la mitad las altas cortes, el ahorro sería el doble que el de reducir el número de parlamentarios y vamos llegando al billón de pesos al año, lo que iría en contravía de lo que hiciera el anterior gobierno el cual, por el contrario, incrementó notoriamente tanto el número de congresistas como el de los magistrados.

A lo dicho es posible analizar también a los entes de control que poco controlan, pero cuestan un Potosí; caso particularmente grave cuando se mira lo que está ocurriendo a nivel departalmental y municipal, o los edificios repletos de escritorios de los ministerios e institutos descentralizados. Visitar esas entidades en la capital y encontrar al funcionario encargado del tema que al visitante preocupa, es una tarea de investigación que requiere de tiempo y paciencia.

       La corrupcción debe combatirse desde la educación, desde la actitud de la sociedad cuando decide no convivir con el contubernio, cuando las estructuras sociales decidan respaldar la transparencia, cuando la confidencialidad que hoy se incorpora en los estatutos de los entes que manejan recursos públicos sea una práctica condenable, cuando las juntas directivas sean deliberantes y responsables y no simples comités de aplausos, cuando Colombia finalmente entienda que la corrupción comienza en la casa, en el día a día, cuando capar impuestos no sea una conducta plausible, cuando las juntas no se repartan el presupuesto público, ese día podremos tener entes de control que no sean paquidermos y la platica empieza a rendir para generar los equilibrios que necesita con urgencia un país que se ahoga en la inequidad y en la injusticia.