Por JAIME CORTÉS DÍAZ
La percepción de la gente muestra valores de existencia social en condiciones de solidaridad y responsabilidad del Estado, y acatamiento de los asociados, especialmente en dos frentes: la salubridad razón de bienestar sostenible, asistencial o preventiva, con certeza de encontrarla a su alcance por medios propicios.
La segunda manifestación refleja el papel de manera pronta y cumplida (que en la práctica no se da) de la Justicia en calidad de bien común para recurrir y recibir su dispensación a fin de sostener armonía, solución de conflictos y aplicación de penas y castigos, además de lo que John Rowls decía de “Justicia como equidad”. La Justicia (para no escribir hoy sobre la salud) es considerada un principio conceptual y denotativo en la conformación de nación en calidad de personas que actúan aún movidas en las diferencias o deberes insertos en comunidad. Si existe administración correcta, su probidad, su imparcialidad, hace de ella, y de sus ejecutores, reconocimiento con sentido de pertenencia y orden. En contrario será el reproche y el descreimiento.
Lo anterior conduce a decir que la cacareada reforma a la Justicia, hoy está en decepción por cuanto los lineamientos fundantes no fueron forjados para un cambio verdadero. Ahora es posible afirmar que no es una ambiciosa reforma la que se logró y para muchos guarda el sabor frustrante de 18 intentonas anteriores desde el 2002 de incongruencias constitucionales, desvío de funciones, inconvenientes estructurales que se esparcen a lo largo de 90 artículos que recogen 5 temas centrales. Quedan riesgos de tinte clientelista, de la idoneidad calificatoria de tipo académico y experimental; del manejo presupuestal, de la participación de la Fiscalía y otros puntos. El sustrato pareciera ser un encordado para descongestión en el llamado “Plan estratégico de superación de barreras y de acceso a la Justicia”, pero para seguir en el mismo desbarajuste. El tema es más profundo: ¿Qué hacer para que la población crea en la eficacia y racionalidad de la Rama Judicial? Las encuestas “¿de cómo vamos?” señalan una profunda desconfianza. Es indispensable también revisar Códigos, especialmente los que atañen a la seguridad de los ciudadanos que aterrados ven en la impunidad un acicate para el incremento delictual. Agréguese la necesidad de incluir en la agenda de Estado la situación carcelaria y por ende tratarla en condición prelativa en defensa de los Derechos Humanos y en contravía del hacinamiento que asimismo se convierte en acto criminal. Una política de resocialización hace parte de una auténtica reforma judicial; y no detener al delincuente por falta de cupo, es soslayable por ausencia de infraestructura suficiente.
La repartija cambiando modelos de enganche, contiene el peligro de expansión burocrática, amén de que la inexperiencia judicial erróneamente se pueda suplir con conocimientos profesionales provenientes de contadores, administradores de empresas, economistas, politólogos, etcétera. La digitalización si es de alta conveniencia para agilizar los procesos con intervención de los funcionarios del derecho. Distraer a los Magistrados de las Altas Cortes en trámites politiqueros, a manejar partidas presupuestales y demás actividades ajenas a proporcionar Justicia, no constituye un gran acontecimiento y por eso dicen que “es una Reforma solapada del sistema de gobierno judicial”. Hay contenidos que previamente a los debates en el Congreso fueron acordados con los dignatarios de la Rama, tal el caso de la partida adicional de 3 billones de pesos (mínimo 3% del Presupuesto Nacional) que por obligatorio cumplimiento en cada vigencia, sin fuente autónoma que lo alimente, puede parecer inconstitucional, pero ya fue definido y aceptado; lo pagarán todos los contribuyentes. El incremento de puestos en este Poder, se suma a los excesivos de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Defensoría (las “IAS”), en tiempos de angustias económicas, reformas tributarias, iras populares, escasez de recursos fiscales, descertificaciones internacionales. Pregunta: ¿Cuál es el aporte equitativo del Estado en la búsqueda de su adelgazamiento funcional?