Régimen especial, arma de corruptos

Hace poco se informó de la captura de 2 nuevos miembros del célebre cartel de “las marionetas”, organización criminal que el fallecido Senador del partido Liberal Mario Castaño utilizó para defraudar las arcas de este empobrecido país en más de $65.000 millones de pesos. Los medios de prensa que hablan de estas detenciones, que se suman a 39 detenidos y 5 condenados, informan que 6 congresistas quedaron en evidencia en las indagaciones que adelantó un grupo especializado de fiscales y que será puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, juez natural de estos aforados. Según la investigación, los congresistas utilizaron el mismo modus operandi de Castaño, utilizado hace ya muchos años y que ha demostrado su efectividad en temas de sustracción de recursos públicos.

El mecanismo es el siguientes. Los congresistas gestionan proyectos de inversión de regalías u otras fuentes de financiación para ejecutar en las regiones. Una vez obtenida su aprobación, buscan una entidad, denominada “contratadero”, que garantiza que los contratos se adjudicarán a los contratistas con los cuales se negocia previamente el pago de una costosa comisión. Para el caso de Castaño y los otros 6 congresistas utilizaron la entidad “Proyecta Quindío”. A los congresistas poco les interesa el bienestar o generar trabajo en su tierra, su interés es el dinero para su lucro y financiar su actividad electoral. Saben igualmente que entidades de control como Procuraduría y Contraloría General no ejercerán vigilancia alguna de sus actos, tienen sus fichas acomodadas en estos organismos.                 

Proyecta Quindío es una entidad de régimen especial, por expresa disposición legal y su naturaleza dispone de condiciones diferentes de la normativa de contratación pública. No están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por tanto sus procedimientos contractuales y manual de contratación son propios y se rigen por el derecho privado. A pesar de que por norma constitucional deben garantizar el interés general, pues manejan recursos públicos para lograrlo, esto no se cumple. Adjudican siempre directamente y sin ningún mecanismo que garantice libre concurrencia, transparencia, publicidad y economía, entre otros principios.

En Risaralda tenemos nuestros propios y eficientes “contrataderos”, como la EDUP, EDUR, U.T.P., CII Estatal, Aguas y Aseo de Risaralda, empresas de servicios públicos, hospitales, y además se utiliza el arma de declaratoria de calamidad pública. No es sino mirar los contratos adjudicados en los últimos años.  Las mafias de la corrupción locales y foráneas que merodean por estas tierras, como lo hacía Mario Castaño y sus “marionetas”, disponen de entidades locales que les permiten direccionar recursos de inversión, con contratista e interventor amarrados. No de otra forma se explica cómo unas pocas firmas de construcción e ingenieros son adjudicatarios de miles de millones de pesos, mediante adjudicaciones directas. Muchos camuflados en consorcios, lo que impide rastrear de manera precisa las cuantías de contratación obtenidas a dedo.

A las adjudicaciones con el régimen especial, que violenta principios de contratación estatal, debe adicionarse que en general los procesos contractuales en las diferentes entidades son claramente manipulados, utilizando pliegos sastre o cualquier otra trampa. Añadamos la ausencia de procesos con estudios previos de calidad, que es otra modalidad utilizada para cuadrar contratos mediante cuantiosas adiciones, modificaciones de precios o aumento desmedido de cantidades de obra a ejecutar. Nadie ha dado explicación de lo ocurrido con el muro que se cayó en COMFAMILIAR de Villasantana y la contratación de uno nuevo por $1.600 millones de pesos. Todos guardan silencio, y lo más grave, hasta los gremios de ingenieros y arquitectos se acobardaron.