Respaldar a los alcaldes es apoyar el estado social derecho

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Por Juan Carlos Parra Sanabria

La historia mundial nos ha presentando en repetidas ocasiones miles de retratos donde quedan congelados en el tiempo, momentos de la lucha permanente, de las mafias del poder por apagar la luz de la democracia y el brillo de la sociedad civil en todas las transformaciones sociales.

La carta política de 1991 ha consagrado a Colombia, como un estado social de derecho, un marco legal que se asoma en el camino, como una luz al final del túnel, como una promesa para terminar con el baño de sangre que sufre Colombia desde tiempos inmemoriales.

Para sellar la puerta del dolor que dejaron en los tiempos de la violencia política los alcaldes militares, la carta del 91 dejó bien estructuradas en el artículo 259, que los electores imponen al gobernante elegido el plan de gobierno, el cual reza en el siguiente tenor:

Artículo 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.

De tal manera , que en la situación actual del país, donde se levantaron los ánimos de algunos ciudadanos, por los excesos y sus fatales resultados en un procedimiento judicial, la alcaldesa de Bogotá debe ser coherente con su plan de gobierno, el mismo que votaron sus electores y el que garantiza las libertades individuales y el derecho a la movilización y por tal motivo, es un derecho irrenunciable para todos los ciudadanos, defender los principios constitucionales, también el plan de gobierno del político que ha ganado en las elecciones y la policía con el mandato superior de mantener el orden público, que en este caso, la línea de mando en la capital de la república, es la alcaldesa a quien se le debe acatar la orden de no disparar a los manifestantes, para evitar tragedias como las conocidas el día 11 de septiembre Día Nacional de los Derechos Humanos.(Parece un sarcasmo pero no es así)

El Acto Legislativo 1 de 1986 estableció la elección popular de alcaldes en Colombia, que vio la luz por primera vez dos años después. La Constitución de 1991 extendió el ejercicio democrático a las votaciones para gobernador, estas personas elegidas con el favor del voto, son las primeras autoridades en el orden territorial y local, por ello les competen la conservación del orden publico en cada una de sus jurisdicciones, el articulo 315 constitucional, menciona que el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y responsable del orden público.

Si queremos analizar más de cerca la agresión recibida a todas las personas que creemos en la democracia, debemos observar muy bien las facultades del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, especialmente en el literal B numeral 1, el cual dice lo siguiente:

B) En relación con el orden público:

 1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

(Subrayado por fuera de texto)

Es el momento de aclarar a la opinión pública, que la supresión de las funciones de los alcaldes son hechos violentos y del pasado, ya no existen alcaldes militares, ahora estamos en el estadio del ejercicio de los derechos civiles, por parte de la sociedad civil.

Es el momento de reivindicar el derecho soberano que reside en el pueblo y exigir al gobierno nacional una reforma profunda a la fuerza pública, con el fin de garantizar resultados contra la delincuencia y lograr recuperar de manera efectiva el orden, pero que se surja una relación armoniosa con la sociedad civil, la cual debe enarbolar las mismas banderas que izaron lideres como Gandhi y Martin Luther King.

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