Responsabilidad penal para las personas jurídicas

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Por Aura Marlene Ríos Chaparro

La posibilidad de condenar a las personas jurídicas por responsabilidad penal, tiene su origen en el derecho anglosajón. Con todo, en el siglo XXI los diferentes países están instaurando esta figura en sus ordenamientos jurídicos, para que las personas jurídicas también respondan penalmente; razón por la cual, países como EE.UU, España, Chile y Argentina, ya lo tienen previsto en su legislación punitiva. En Colombia, aunque el artículo 91 del actual Código de Procedimiento Penal, señala la imposición de penas accesorias a la persona jurídica, como la suspensión y cancelación de la personería jurídica, esto no significa que dicho artículo haya establecido en nuestro país la responsabilidad penal de las mismas.

Sin embargo, ya circula en el medio un proyecto de Ley que tiene por objeto la creación del régimen jurídico de responsabilidad penal para las personas jurídicas de derecho privado en Colombia. Dicho proyecto busca igualmente, definir los elementos del programa de prevención y gestión de riesgos penales que deben adoptar las personas jurídicas de naturaleza privada, al igual que las que deben implementar las entidades públicas. El proyecto será presentado ante la Cámara de Representantes próximamente, y, muy pronto, se convertirá en Ley de la República.

El proyecto que se alista en Colombia, prevé que las personas jurídicas sean sancionadas en caso de cometer una de las siguientes conductas: delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, contra el medio ambiente, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, así como todos aquellos delitos que afecten el patrimonio público.

Como puede verse, el proyecto de Ley tipifica una serie de comportamientos que abarcan no un delito en particular, sino todas las conductas delictivas prevista en el respectivo capítulo del Código Penal, que allí se enlistan; tal como sería el caso de los delitos contra el medio ambiente, donde al revisar dicho estatuto, encontramos más de diez punibles en que se puede incurrir.

Haciendo un parangón con otras legislaciones, tenemos que en España, el número de delitos por los cuales se puede condenar a una persona jurídica, está tipificado en el Código Penal, donde se pueden destacar entre otros, el tráfico de órganos, trata de blancas, proxenetismo, estafas, insolvencia, delitos contra el medio ambiente, ordenación del territorio, tráfico de drogas, cohecho, financiación irregular. Asimismo, esa legislación hace la salvedad de cuatro delitos que se pueden cometer por imprudencia, a saber: insolvencia punible, blanqueo de capitales, delitos contra el medio ambiente y financiación del terrorismo; por los que igualmente se condena a la persona jurídica.

Siguiendo con el paralelo, la legislación Española prevé dos grupos de personas físicas que transmiten la responsabilidad penal a la persona jurídica. Señala en primer lugar, a los representantes legales o personas que tiene facultades de control, o facultades de organización dentro del ámbito de una empresa; y, en un segundo lugar,  a las demás personas que trabajan en la empresa; como sería el caso de los trabajadores.

Para el caso colombiano, el proyecto de Ley en mención, prevé un solo grupo de personas físicas que pueden transmitir  responsabilidad  penal a la persona jurídica. Puntualmente, hace referencia a los representantes legales, revisores fiscales, contadores, auditores, socios, accionistas de sociedades anónimas, administradores, directivos, o quienes realicen actividades de administración y supervisión.

Dicho lo anterior, debe tenerse en cuenta que los delitos siempre van a ser cometidos por personas físicas, las cuales tendrán que asumir responsabilidad penal individual. En todo caso, la condena también recaerá sobre la persona jurídica de manera independiente y autónoma, cuando los delitos se cometan, en nombre de,  y por cuenta de,  o en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Es decir, el delito de la persona jurídica está vinculado a una persona física, por lo tanto, se habla de transmisión de la responsabilidad penal de la persona física a la persona jurídica.

Entonces, la responsabilidad penal de la persona jurídica va a existir, aunque la de la persona física aún no haya sido individualizada, o no se haya podido iniciar procedimiento frente a aquella;  ya sea porque ha fallecido, o está en búsqueda y captura. Sin embargo, la responsabilidad penal de la persona jurídica subsiste, es decir, se puede continuar con el procedimiento frente a la persona jurídica, en ausencia de la persona física responsable de transmitir la responsabilidad penal.

Dicho proyecto también prevé la forma como la persona jurídica a la cual se le transmite la responsabilidad penal, puede tomar una serie de medidas de prevención y control, de tal manera que si las adopta, se puede eximir de esa responsabilidad. Prevé también los atenuantes y agravantes de esa responsabilidad, y, finalmente, establece  las penas a imponer a la persona jurídica, que van desde multas, hasta la cancelación de la persona jurídica y su inscripción en el registro mercantil; lo que en mi concepto implicaría la disolución de aquella, con su consecuente intervención judicial.

Al igual que el autor del proyecto, espero que llegue a feliz término, convirtiéndose en Ley de la República; eso sí, sin ningún mico que le permita evadir la responsabilidad a las grandes multinacionales.

Hasta luego.

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