Por: Eduardo Montoya Pérez
Esta semana fue socializado el plan de trabajo para el inicio de la formulación de la política pública para la población LGTBI+ en Risaralda; una deuda pendiente que el Gobierno Departamental tiene con estos sectores sociales en los 14 municipios, donde en los últimos años se han incrementado los actos de violencia, exclusión y discriminación.
Aplaudo esta iniciativa del gobernador Víctor Manuel Tamayo, el compromiso asumidos por la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa de Equidad de Género, y el liderazgo de la Mesa Departamental LGBT+ de Risaralda, quienes nos hemos mostrado prestos a construir conjuntamente un documento que recoja las necesidades sectoriales y con enfoque diferencial en cada uno de los territorios.
Es claro que existe un “Sentimiento de Todos” para trazar puentes de inclusión, equidad y participación. Hoy existen políticas públicas que han mostrado buenos resultados para reconocer los derechos de las personas diversas por orientación sexual e identidades de género. Prueba de ello es que Bogotá, Medellín y el departamento del Valle del Cauca han sido pioneros, aunque hoy quede el sin sabor de lo ocurre con el Gobierno Nacional que no ha sido eficaz en poner en marcha la política pública adoptada en el 2018.
El pasado martes en la plenaria de la Cámara de Representantes se celebró la audiencia pública de la política pública nacional, donde nuevamente se denunció que ésta fue engavetada por el Ministerio del Interior, así como la forma chambona en que se está implementando. Lo más positivo y de resaltar, es que 20 organizaciones sociales de todo el territorio nacional participaron de la audiencia, lo que quiere decir que nos seguimos organizando para derrotar la discriminación.
Regresando al plano regional, esperamos que Elizabeth Diosa, Secretaria de Desarrollo Social de Risaralda, sea visionaria y no deje morir un proceso que nace con fuerza para abordar cuatro dimensiones necesarias para lograr el objetivo: Capacidad y oferta institucional, sensibilización y capacitación, lineamientos de diagnóstico y comunicación”.
Las cartas ya están sobre la mesa, y de llegar a consolidarse en Risaralda este proceso, se anotaría un golazo al convertirse en el séptimo departamento del país en adaptar e implementar la política para la población LGBT+.