. En el caso de la salud, también son dos los indicadores: sin aseguramiento y barreras de acceso a la prestación del servicio.){kind=link}
El bienestar de la sociedad está correlacionado con cinco dimensiones que concurren con igual peso a la contribución del desarrollo de la población. Las condiciones educativas, las de la niñez y la juventud, la salud y la nutrición, el trabajo, la vivienda y servicios públicos, se despliegan a través de quince indicadores que con igual participación en cada dimensión, determinan la prevalencia de la salud física, psicosocial, emocional y mental.
Nos referimos, por ahora, solo a las dimensiones del trabajo y la salud, por ser éstas las que corresponden a los proyectos, que deberían estar vinculados entre sí y que hacen tránsito en el Congreso de la República; es decir evaluaremos el 40% de la incidencia en la contribución al bienestar de los colombianos.
El trabajo tiene dos de los quince indicadores: trabajo informal y desempleo de larga duración (más de seis meses). En el caso de la salud, también son dos los indicadores: sin aseguramiento y barreras de acceso a la prestación del servicio.
En la dimensión de la vivienda son cuatro los indicadores que van desde el acceso al agua tratada, el hacinamiento crítico, las condiciones básicas de la infraestructura y vectores patógenos como el de los pisos en tierra.
Nos referimos a la privación que tienen los grupos poblacionales en los territorios, para alcanzar los niveles básicos de bienestar, que no dependen sólo del salario y de la renta per cápita y que pueden tener una mayor incidencia en los obstáculos, para salir de la pobreza multidimensional.
Con una informalidad del 58% y sus efectos colaterales, con indicadores de más del 38% en escolarización reducida, precariedad en la ingesta nutricional con más del 50%, las altas tasas de vulnerabilidad en mujeres, niños y adolescentes, así como la mortalidad infantil, entre otras, éstas deberían ser las prioridades sociales del gobierno, como se consigna en los objetivos del desarrollo sostenible al año 2030, ODS.
Tomado de los datos obtenidos del DANE 2022, págs 12 y 13, el índice de pobreza multidimensional en el año 2010 era del 29.7%, para el año 2021 bajó al 16%, es decir 13.7 puntos porcentuales menos en una década. En condiciones de pobreza multidimensional en el año 2019 eran 8.560.000 Colombianos y 8.028.000 en el año 2020, con notable disminución en las ciudades capitales donde se concentra el 88% de la población con trabajo formal que devengan menos de 2 SMMLV .
Con relación al Eje Cafetero, el indice de pobreza multidimencional en Risaralda bajó de 11.1% a 10.7% del año 2019 al año 2021, Caldas bajó de 14.3% a 11.5 % y Quindio subió de 10.2% a 10.9 % en los mismos años.
En otros departamentos, Antioquia bajó de de 15.7 % a 14.3%, Atlantico subió de de 14.9% a 15.5%, Bogotá bajó de 7.1 % a 5.7%, Valle subió de 10.8% a 11.1%.
En contraste, el Chocó, La Guajira, Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas y Vaupés, tuvieron indicadores que van desde el 48,8% hasta el 77%.
Con estos indicadores, es claro que la reforma laboral tendrá un impacto relativamente bajo en el indice de pobreza multidimencional a nivel nacional, dado que el 58% corresponde al trabajo informal y el desempleo de larga duración está precisamente en un 71% en los territorios con poco desarrollo empresarial. En conclusión, una afectación en los costos laborales tendría una respuesta negativa más que proporcional en la demanda de las 10 principales ciudades del país, generando desempleo de larga duración, en el entendido de que el 73% de las empresas donde se concentra el empleo formal, tienen menos de 10 trabajadores y que sectores como restaurantes, recreación y turismo tienen horarios diferentes a los de la industria.
Con relación a la salud, la contribución en el año 2019 al índice de pobreza multidimensional es la de menor impacto de las cinco dimensiones citadas al comienzo, al bajar de 12.2% en el año 2019 al 9.6% para el año 2021, siendo las EPS las de menor incidencia. En cambio, el indicador de barreras de acceso participa con un 96%, resaltando que las mismas están a lo largo de la cadena en el circuito del Adres, el aseguramiento, los prestadores, la oportunidad, la calidad y la pertinencia, todas ellas dependiendo del flujo de recursos, es decir de la cartera.
Como deducción, existe una desarticulación en los procesos, pero no en el modelo. Cuando hablamos de los procesos nos referimos a la logística tecnológica, financiera y de control de glosas, cuyas rupturas evidencian las enormes diferencias que existen entre las carteras del sistema según las cifras del gobierno, las de los aseguradores y las de los prestadores de servicios. Mientras el gobierno reconoce una deuda de 6.1 billones de pesos, las EPS de 13.4 billones de pesos, los prestadores de 16.7 billones de pesos, los días promedio de cartera del sector superan 6 meses de antigüedad, desequilibrando la oportunidad de toda la operación. Si la Salud es la dimensión de menor contribución al Indice de Pobreza Multidimensional y a su vez la de mayor cobertura, con una universalidad del 96% entre los regímenes contributivo y subsidiado en la mayoría de los territorios del país, una reforma sustantiva de la misma no es pertinente, como si oportuna en la intervención a las barreras de acceso, competencia ésta del gobierno, que debe implementar las reformas que conduzcan a que el flujo prestacional y asistencial sean congruentes y transparentes con las de los recursos, la tecnología y la oportunidad en el acceso a los servicios de salud que incluya la construcción de IPS de alto nivel de complejidad, así como la correspondiente especialización del talento humano en los territorios que solo tienen los primeros niveles de atención general.