En el escenario de la salud colombiana, la intervención administrativa de las EPS Sanitas y Nueva EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ha desencadenado un debate candente sobre la eficacia de las medidas regulatorias y el respeto al debido proceso. Esta acción, aparentemente encaminada a corregir deficiencias y garantizar la continuidad de los servicios de salud, ha suscitado interrogantes sobre su legalidad.
La Superintendencia de Salud, asegura que tiene la obligación de mantener la calidad y continuidad en la prestación del servicio y, ha argumentado que estas intervenciones son cruciales para corregir irregularidades y garantizar el bienestar de los usuarios. Sin embargo, la falta de claridad en los motivos que llevaron a la intervención de estas EPS, ha generado incertidumbre e interrogantes sobre la legitimidad y el alcance de las acciones tomadas por la Superintendencia. La Procuraduría ha expresado su preocupación por la falta de claridad en el manejo de estos casos, y ha insistido en la importancia de garantizar el debido proceso y la transparencia institucional en las actuaciones administrativas.
La Procuradora General, Margarita Cabello, anunció recientemente que se llevará a cabo una vigilancia estricta sobre las intervenciones forzosas de las EPS, demostrando su compromiso con el cumplimiento de las normativas legales y la indagación de las acciones de la Superintendencia. Además, se hizo apertura de una investigación al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas inconsistencias en los argumentos que justificaron las intervenciones, subrayando la necesidad de una supervisión rigurosa de las autoridades regulatorias.
La negativa a entregar los expedientes pertinentes relacionados con las intervenciones, ha generado aún más suspicacias. Esta falta de transparencia no solo disminuye la confianza en las instituciones encargadas de regular y supervisar el sistema de salud, sino que también puede tener un impacto negativo en la percepción pública sobre la efectividad y la imparcialidad de las acciones gubernamentales en esta esfera tan vital para el bienestar de la población.
La preocupación no solo radica en la legalidad del proceso de intervención, sino también en su impacto en los millones de afiliados a estas EPS. La salud de millones de colombianos está en juego, y es responsabilidad de las autoridades competentes asegurar que las medidas adoptadas sean justas y efectivas, preservando la confianza en la institucionalidad del país.
Natalia López Arboleda. Politóloga UAM. Especialista en Contratación Pública UM