Cada día la situación de inseguridad en el país, se vuelve más gravosa sin saber a dónde va a parar. Lo cierto es que se mueve unida a una crisis económica acentuada por factores perturbadores e incertidumbre con una violencia peor que en años aciagos y la codicia de apoderarse del fruto, la tierra, la esperanza de pobres y de productores.
Las voces de alerta conllevan angustia. Y no es para menos: las asonadas pasadas con muertes, daños a bienes públicos y privados; el cierre a la movilidad de personas y bienes, las parálisis industrial, mercantil y los destrozos a la economía, en rezagos de la pandemia en el mal bautizado “estallido social”, son actos de incontenible destrucción, siendo, pues, un antecedente del amargo acontecer en el hermano y querido pueblo de Ecuador que hoy se debate en confrontación con delincuencia de distintos pelambres que se considera con fuerza para arrasar la democracia institucional y que la gente de aquí la asemeja a un posible devenir parecido con mafias extranjeras, socias de maleantes que dirigen desde las cárceles vejámenes contra las autoridades y el pueblo en general.
La matanza permanente de líderes sociales, defensores de D.D.H.H. y firmantes de las Farc al acuerdo de paz, es otra vergüenza nacional. Lo que ahonda este sentimiento es que no hay protestas suficientes a exigir de organizaciones no gubernamentales a alzar con parlantes sus voces con el fin de clamar la participación de los entes internacionales y la demanda protectiva al mando de turno, tal como se hacía con los gobernantes anteriores. A ello se le suma el desacoplamiento de las Fuerzas del Orden, el desmantelamiento del generalato que pareciera una purga indiscriminada. El defensor del Pueblo ha manifestado: “es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país.”
La corrupción en oficinas de protección personal es también lamentable. Lo intrincado de la serie de desaciertos es la percepción que ronda en el imaginario popular de existir una cierta tolerancia a la criminalidad avasallante en condición de natural ocurrencia.
La violencia, dice Human Rights Watch (HRW), y los abusos perpetrados por grupos armados y estructuras delictivas ha aumentado a niveles nunca vistos en tiempos anteriores a la firma de paz en 2016 con las Farc- EP. Lo de Paz Total, estrategia gubernamental, no ha llegado a rebajar semejantes índices en deterioro de la población civil, incluyendo los del narcotráfico y la minería ilegal; agregando que “los reportes sobre reclutamiento infantil y secuestros aumentaron en 2023 [y siguen este año]. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población” En esa línea, la extorsión a las actividades propias tiene asfixiado a pequeños y grandes negocios en todo el territorio y algunas ciudades como Tuluá, los ilegales dominan y controlan. ¿Hasta cuándo? El Consejo Gremial Nacional se ha pronunciado frente al Gobierno para que garantice un plan integral de seguridad y paz en el país. El comunicado entre otras apreciaciones, indica: “Observamos con profunda preocupación el continuo deterioro de la seguridad y el aumento de actos violentos en todo el país, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, los cuales representan casi el 50% de todas las víctimas de masacres ocurridas en Colombia durante el último año y que sufren las consecuencias de la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. La falta de una respuesta contundente y efectiva por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, ha exacerbado la crisis humanitaria, dejando a las comunidades locales en un estado de indefensión e incertidumbre frente a la violencia”. “La seguridad como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico del país, así como para la preservación de la paz deben ser elementos centrales en la discusión nacional (…) [en defensa] de todos los colombianos.”