“Si no le temes a Dios, témele a la sífilis”

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Por ERNESTO ZULUAGA RAMÌREZ

Es aterrador saber que el peor enemigo que tenemos es el Estado mismo. Todos esperamos vivir en una sociedad que nos defienda, cuide nuestros intereses, nos ayude a coexistir en armonía y sea guardiana de los derechos que todos supuestamente tenemos. Pero en Colombia las cosas son al revés. Lo peor que puede pasarle a un ciudadano del común es caer en manos de la justicia. Tendenciosa, infame, inicua y perversa es el instrumento que destruye nuestra democracia y que atenta contra el estado social de derecho. En los albores del siglo XXI es tétrico afirmar, como lo hacían nuestros abuelos un siglo antes con la sífilis: “si no le temes a Dios, témele a la justicia”.

Hace algunos años viví la experiencia más trágica de mi existencia. En la doble calzada de Cartago a Cerritos atropellé con mi automóvil a un anciano de 80 años. Era un domingo después del medio día y regresaba a Pereira después de entregar en Puerto Caldas la finca de propiedad de mi  familia a unos nuevos inquilinos. Su cabeza golpeó el parabrisas y falleció de manera instantánea. Transcurridos diez dolorosos minutos me encontré rodeado de tres ambulancias, cuatro guardas de tránsito, dos policías y un médico forense con sus ayudantes, quienes harían el levantamiento del cadáver. Me hicieron una prueba de alcoholemia que resultó negativa y de acuerdo con las huellas de frenado que quedaron sobre la vía, los guardas expresaron en el “croquis” que mi velocidad previa era de 65 km/hora. En la certeza de no tener culpa alguna y estar el vehículo debidamente asegurado y con todos los papeles en regla traté de tranquilizarme y asumir con resignación la triste realidad. Pero a la tortura sicológica que inevitablemente se siente, a las muchas noches de desvelo que padecí y a la imagen del accidente que por varios meses más me visitó cada que cerré los ojos les siguieron los oprobios de nuestra justicia. De nada sirvió que en la investigación saliera a relucir que el anciano había perdido hace varios años la vista por un ojo, ni otras circunstancias que claramente ameritaban cerrar el caso. Aparecieron supuestos familiares y una abogada interesados en sacar provecho de la situación y la compañía de seguros me suplicó aceptar los cargos por homicidio culposo y un rápido arreglo con los “deudos”. En caso contrario la jueza que llevaba el proceso me declararía culpable y los costos serían enormes. A sabiendas de mi absoluta inocencia tuve que aceptar.

La semana pasada un conductor de un furgón atropelló, sobre el puente del Común en Bogotá, a un ciclista que por allí transitaba y lo tiró por la baranda para que falleciera al estrellarse contra la calzada del piso inferior. Todo quedó grabado en una cámara de video y el chofer que huyó velozmente fue detenido 24 horas después. La fiscalía (sí, la misma que se encarga de inculpar y de defendernos) solicitó la libertad condicional del implicado por no representar un peligro para la sociedad.

Hace varios meses, en Pereira, una fisioterapeuta, totalmente borracha, amanecida y con sus hijos dentro de su vehículo, embistió un paradero de buses en la avenida de las Américas y mato a un niño de tres años e hirió gravemente a otras seis personas. La fiscalía solicitó también con éxito casa por cárcel para la homicida con el mismo argumento.

No me equivoco al expresar que todos los colombianos (menos los de la fiscalía) sentimos pánico (y vergüenza) al saber que estos dos conductores pueden estar por ahí en nuestras carreteras infringiendo todas las normas con premeditación y alevosía. No hay quien nos defienda. Las autoridades judiciales están al servicio de los delincuentes. ¡Qué miedo vivir aquí!

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