Esta semana se conoció el informe de la Contraloría General de la República titulado “Estudio intersectorial sobre la reforma pensional, sus antecedentes y elementos para su discusión”. Muy oportuno el documento para enriquecer el debate al proyecto de reforma pensional que se encuentra en este momento en el Congreso de la República.
También muy pertinente para el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República que es cuidar el gasto público, en este sentido, el informe resalta la necesidad de respetar la regla fiscal en el mediano y largo plazo y reconoce algunos avances sociales que tiene el proyecto de ley.
La sostenibilidad financiera de la reforma depende de la claridad para cumplir las proyecciones de ingresos. A la Contraloría General de la República le preocupa la ausencia de políticas para mejorar la afiliación y la cotización de las personas en las regiones, lo cual afectaría la proyección del recaudo. En 13 de los 32 departamentos del país el porcentaje de población pensionada es inferior al 10%.
El déficit de las pensiones públicas es alto, lo que obliga al Estado a destinar recursos para cubrirlo, los cuales equivalen aproximadamente al 19% del Presupuesto General de la Nación. Esta situación justifica la iniciativa del gobierno nacional de proponer un sistema de pensiones más equilibrado que disminuya progresivamente el déficit. No obstante, el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto de ley para el año 2.100 es del 126% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, no es clara la sostenibilidad financiera de la reforma.
El estudio reitera la necesidad de modificar los regímenes especiales y exceptuados, que tienen una asignación del 39,3% del total del Presupuesto General de la Nación destinado a pensiones. De cada $100, $40 se destinan a estos regímenes que solo benefician al 17% de los pensionados del país.
Si se modificaran esos regímenes especiales se contaría con recursos para cubrir las pensiones de las personas que no las tienen. La reforma propone ampliar la cobertura a través del pilar solidario que es un subsidio a la población más vulnerable, es decir, impactará el gasto público.
Por último, el informe hace un llamado válido. Se requiere una contribución previa como condición para aumentar la cobertura a partir de la generación de nuevos empleos y no solo a partir de subsidios. La reforma es necesaria y tiene aspectos positivos, sin embargo, debe ser sostenible.