Como ha ocurrido a lo largo de la historia republicana de Colombia en pocas cosas están de acuerdo el gobierno nacional y su oposición política. Una de ellas es el propósito de desaparecer las entidades destinadas actualmente a aplicar el Control Fiscal.
El año anterior la bancada del Pacto Histórico presentó un proyecto de ley que acababa con la Contraloría General de la Nación. La semana pasada un Representante a la Cámara, del Centro Democrático, radicó un proyecto para eliminar las Contralorías territoriales en el País. En los dos casos argumentando su politización y sus escasos y discutibles resultados. Además, hay abundancia de análisis académicos y de ejemplos reales, que confirman su inutilidad.
En la colección “La corrupción en Colombia”, publicada por la Universidad Externado de Colombia, aparece un juicioso artículo, firmado por los investigadores Federico Corredor y Valentina Cortés, bajo el título “¿Por qué la presencia de las contralorías no disminuye la corrupción en Colombia? Análisis desde la perspectiva de un modelo de agencia”. Y una reseña del documento, publicada por la misma Universidad, destaca el argumento: “Por corruptas, las contralorías territoriales deben eliminarse”
Además, señala que los investigadores encontraron: «en primer lugar, a nivel regional hacer acuerdos ilegales entre el vigilante (la Contraloría) y el vigilado (gobernadores, alcaldes, políticos), para apropiarse de recursos públicos y repartirlos, y evitar que estos movimientos salgan a la luz, son prácticas relativamente fáciles de realizar, con pocos riesgos, como lo demuestra el bajísimo nivel de resultados en procesos de responsabilidad fiscal. Son bajos los costos de transacción en este escenario.»
También refiere: «Al menos en quince ciudades los concejales le pusieron precio a su voto en la elección de contralores […] si los contralores tienen que pagar por los votos para ser elegidos, comprometer cuotas burocráticas o incluso parte de sus salarios a concejales y diputados, es a este último grupo de personas al que los encargados del control fiscal deben rendir cuentas y no a la ciudadanía»
En nuestra región está fresco el episodio en el que un concejal de Dosquebradas obtuvo, a cambio de su voto por un candidato a Contralor Municipal, el archivó un proceso que se estaba tramitando en contra del concejal, cuando aquel fue elegido Contralor.
Desde la Corporación VIGÍA Cívica consideramos que el cierre de la Contraloría General o de las Departamentales y Municipales, no es la solución a la inoperancia del control fiscal. Creemos que el camino es aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, (TIC) y las nuevas posibilidades que se vislumbran en la Inteligencia Artificial, (IA), para someter a examen fiscal todas las operaciones del Estado y no algunas, como ocurre ahora, desde Contralorías técnicas, sin injerencia de los políticos.
