Por: JOHNSON ORTIZ
Hace más de una década editorialice sobre los primeros meses del primer gobierno de Victor M. Tamayo.
Descalificaba en esa época el asistencialismo puesto en marcha en favor de los más necesitados. Como muchos analistas, columnistas o escribidores citadinos no entendía el alcance del programa del entonces gobernador, hasta que como capitalino, decidí vivir y montar una empresa de radiodifusión en Balboa.
Me di cuenta, primero del desconocimiento de lo que es la vida en un pueblo sin empresas y economías sólidas y segundo del hambre y el padecimiento de miles de familias risaraldenses, que si consiguen para comer dos veces al día, no alcanza para pagar servicios. Muchas no saben que es un salario mínimo y menos, qué es recibir una prima semestral.
Hoy 11 años después, reconozco el programa «asistencialista» de Tamayo Vargas, e incluso insto a que sea ampliado por las dificultades y penurias económicas en que viven los campesinos y las gentes de los cascos urbanos.
En la ciudad nadie se imagina la forma como tiene que vivir un pequeño empresario agropecuario cuando el precio del café cae, o cuando los intermediarios pagan kilo de plátano a 300 y 400 pesos o cuando sólo les dan 7 mil pesos por 25 kilos de yuca, de los cuales 2 mil son para el flete.
Imagínese cómo puede vivir una familia cuyos ingresos se van al suelo?
Y de ahí tienen que sacar para salud, educación, vestido y alimentación de los suyos.
Cuando uno vive en la ciudad, desconoce todo esto. Por ello reconozco la labor social y de sentimientos de Victor Manuel Tamayo Vargas.
No todo puede ser moles de cemento mientras la gente padece hambre.
Hambre y necesidades que desnudó la pandemia de la Covid 19.
Es menester reconocer la tarea de un hombre que como pocos, siente el dolor y atisba las necesidades urgentes de un pueblo. Por eso votan ellos, pero pocos, poquísimos, atienden ese grito convertido en papeleta electoral.
Cuando uno tiene trabajo con sueldo fijo, primas y otras arandelas, no tiene autoridad moral para criticar o atacar un programa de asistencia social como el puesto en marcha por el actual gobernador de Risaralda.
Es deber Constitucional de mandatarios nacionales , departamentales , municipales: Invertir en lo social fundamentalmente.
Las necesidades básicas del pueblo elector pobre, son obligación. Los impuestos que se pagan son para reinvertir en programas sociales.
Siempre me pregunto:
Por qué tenemos los ciudadanos que agradecer a los mandatarios cuando cumplen con su deber?
Por qué les tenemos que hacer venias cuando no roban los impuestos?