En los últimos tiempos Colombia se ha convertido en un país propenso a ciertas prácticas que muchas personas las consideran normales y supuestamente lícitas, tales como tumbar a los demás en los negocios, sacar el máximo provecho en la venta de un artículo, prometer bondades que el producto realmente no tiene, creerse más listo que los demás, enriquecerse de manera rápida y fácil, ganar los exámenes haciendo trampa (estudiantes), crear empresas de papel, conseguir y adjudicar contratos sin el lleno de los requisitos exigidos por las normas u omitiendo los procedimientos legales de contratación, etc, etc, etc. En pocas palabras, la cultura de la ilegalidad y/o del delito.
Pasados gobiernos fueron caldo de cultivo de dicha cultura de la ilegalidad: las famosas licitaciones estilo sastre, contratación directa, por ejemplo para objetos superiores a mil millones de pesos, subcontratación, y la joya de la corona: permitir que las EPS sin un capital propio de orden billonario recibiera Unidades de pago por capitación (UPS) en cuantías superiores a cinco billones de pesos, y no contentos con ésto, se les permitió a dichas EPS el no pago a los hospitales del sector público e inclusive muchas clínicas privadas por sus servicios.
Esta cultura de la ilegalidad escaló a todos los niveles y se volvió tan normal, que hasta los funcionarios de bajo nivel se dedicaron a hacer triquiñuelas supuestamente inocentes e inofensivas, tales como, ir al médico en medio de un guayabo para recibir la incapacidad y así no tener que asistir al trabajo, ciudadanos que hacen sobrefacturación, enriquecerse con la fe de las personas, pedir limosna sin estar realmente necesitado, atribuirse mayor o menos edad a conveniencia.
Otras prácticas dentro de dicha cultura de la ilegalidad, son: engañar a los electores con promesas que no van a cumplir, ejemplo: registrar y promover un programa de gobierno y no cumplirlo, compra de votos, etc. Asímismo hace parte de dicha cultura sobornar funcionarios, exigir requisitos que la Ley no establece, etc.
Afortunadamente con la nueva cultura del cambio se quiere ponerle coto a todas éstas prácticas anteriomente descritas. No ha sido una tarea fácil pues el Congreso se niega rotundamente a dar este paso y ha preferido dejar incólume toda esa triste cadena de vicios. Y es por lo que el presidente de la República propone que se tramite a través de una reforma, vía Asamblea Nacional Constituyente
*Directivo SOER (Sociedad de Escritores de Risaralda)