Además de la tormenta político-judicial desatada por Nicolás Petro el gobierno tiene estancados sus principales proyectos en el congreso. La reforma a la salud sigue en la comisión CII de la cámara, en un segundo debate que parece eterno. La reforma laboral sencillamente se hundió en la cámara y solo la pensional sobrevive precariamente en la comisión VII del Senado. Y lo peor: el gobierno ha perdido su capacidad negociadora con el congreso en forma tal que ni negociando «voto a voto» lograría sus objetivos.
El seguimiento de los movimientos financieros y de la compra de lujosos bienes por parte del hijo del residente estableció un panorama que la defensa del exdiputado ( con unos ingresos de apenas 13 milloncitos), no ha podido justificar. Ahora bien ¿hasta qué punto los hechos del hijo son atribuibles al padre? Porque aquí, como en el relato bíblico, lo que es del hijo también atañe a su padre, ya que todo gira alrededor de la financiación de la campaña presidencial en la Costa.
Lo más grave de esta situación, es que puede empantanarse durante los tres años de gobierno que faltan y acabar siendo el único suceso memorable del gobierno petrista. Terminar como un recuerdo negativo o contradictorio en las páginas de la historia es lo peor que puede pasarle a cualquier personaje público, tal como sucedió con Laureano Gómez o Rojas Pinilla.
El escándalo es una prueba de fuego para la justicia colombiana pues se refiere nada menos que a la compra del poder en la Costa Atlántica, sin cuyos votos no sería realidad el gobierno Petro. Y esto nos lleva a una pregunta de marca mayor: ¿Qué sucedería si se prueba judicialmente que esos votos fueron comprados? En tal caso ¿deberían las autoridades judiciales exigir la renuncia de Petro?
Mucho me temo que lo anterior quede sepultado por una tradición no escrita a la cual hizo referencia el expresidente Gaviria: nadie se mete con el club de los presidentes, pues ellos solo aceptan el veredicto consignado en las páginas de la historia.
AGM/08/08/2023
