La salud en nuestro país se encuentra en cuidados intensivos, larguísimas filas que deben realizar nuestros adultos mayores, muchas veces desde las 6 AM para solicitar una cita médica o con especialistas, o para que les autoricen y realicen examenes, y hasta para reclamar medicamentos, muchos de los cuales no les son entregados a los pacientes, bajo miles de excusas.
Lo anterior, adicionado a otras problemáticas que tienen que soportar los pacientes por la no cobertura del sistema, según dichas promotoras de salud, enfermedades catastróficas, tratamientos de alto costo, las llamadas enfermedades huérfanas, etc.
Más de un millón de tutelas anuales relacionadas con la salud se tramitan en los juzgados del país, lo cual evidencia que efectivamente el sistema está colapsado.
Por su parte la problemática pensional, que no es de poca monta, ha puesto a los adultos mayores de Colombia en situación de vulneravilidad. El régimen de prima media, administrado por Colpensiones, descansa sobre el principio de la solidaridad, esto es, que los actuales cotizantes financian las pensiones que se van reconociendo. Agravado con el hecho de que el Estado y los cotizantes están subsidiando las altas pensiones.
El régimen de ahorro individual, francamente, no está colmando las espectativas de sus afiliados. Por ejemplo, para obtener una pensión de cuatro salarios mínimos la persona debe tener ahorrados más de 200 millones de pesos.
El proceso de envilecimiento del trabajo, evidenciado en la inestabilidad laboral representada por los contratos basura, contratos a término fijo, órdenes de prestación de servicios, trabajos de medio tiempo o por horas, la informalidad laboral, la tercerización y la eliminación de la mesada 14, etc etc, y la falta de compromiso por parte del empresariado de todo el país, que desde los tiempos de la primera administración de Uribe presionaron para obtener gabelas tales como: jornada laboral nocturna a partir de las diez de la noche, eliminación de las horas extras, etc, so pretexto de que con estas gabelas iban a generar muchísimos empleos. No fue así, y muy por el contrario, cuando el genuflexo Congreso les aprobó estas reformas, el presidente de la Andi dijo que sus agremiados no iban a generar ningún empleo, que ellos habían dicho eso era para que les aprobaran las citadas reformas. Efectivamente, no solo no generaron nuevos empleos, sino que eliminaron varios centenares de miles de empleos, amparados en las susodichas reformas. Ha puesto a la inmensa mayoría de los colombianos en un estado de vulneravilidad económica y social.
La rampante impunidad, la horrible inseguridad en las grandes ciudades, la situación desesperante de los comerciantes capitalinos víctimas de la extorsión, un sistema penal garantista para los delincuentes, la laxitud respecto a los altos funcionarios del Estado que les permite tener parientes en otros cargos dentro del mismo Estado, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia pueda dilatar indefinidamente la elección del Fiscal General de la Nación, un sistema punitivo ridículo frente a los delitos de acto impacto social, constituyen motivo suficiente para que la Justicia sea reformada .
Una clase política anquilosada, llena de vicios, que se niega sistemáticamente a ser reformada, que desde el Congreso solo quiere servirle a los intereses de sus financiadores y lobbystas, está llamada a ser cambiada por el Constituyente Primario.
Todas las anteriores problemáticas le dan la razón al Presidente Petro que ante la negativa del Congreso para producir las reformas urgentes que demanda el país, ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente.
Celebramos, pues, que como último recurso y para el bien de todos los colombianos, por fin se empiece a vislumbrar una luz al final del túnel y podamos hacer de nuestro país uno con más justicia social, más oportunidades, sobre todo para los que siempre han estado excluidos, marginados y olvidados por parte de un Estado indolente y que unos cuantos lo han puesto al servicio de sus intereses personales y de grupo.
El Presidente de la República no está obligando a nadie, solo está proponiendo algo que necesita con urgencia el país, ya que los jefes de los partidos y los legisladores se han negado rotundamente a tramitar las reformas propuestas.
Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no es un atentado contra la democracia, todo lo contrario, es meterle más democracia al sistema. Es, justamente, un llamado al Constituyente Primario (el pueblo) para que mediante representantes directos y genuinos suyos se pronuncie sobre los temas fundamentales de la democracia misma. Es, dicho de otra manera, el summum de la democracia.
Quienes se oponen a una Asamblea Constituyente son enemigos del pueblo. Son los que quieren que los corruptos continuen entronizados en los sistemas económico, social, político, periodístico, educativo, la justicia, etc. El pueblo es el Soberano (preámbulo de la Constitución Política), quienes se oponen a este, es porque quieren colocar sus intereses particulares sobre el interés general de la Nación.