Uribe acabó con nuestra democracia

Por VICENTE ZULUAGA OSORIO

Lo que acaba de hacer la juez 30 de Control de Garantías en el proceso por soborno de testigos y fraude procesal contra álvaro uribe  vélez es la más clara demostración de que clara ximena salcedo compró el título de abogada o se lo regalaron porque la ignorancia reflejada en su providencia, que se acerca al prevaricato si no fuera porque ese delito no es imputable a título de culpa, más bien refleja su deseo de un alto cargo en la administración nacional. Porque revocar la decisión de cinco magistrados, escogidos por concurso de méritos, con el simple, insostenible y rebuscado argumento de que la Corte se equivocó porque impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva sin que hubiera una imputación, es el colmo de la ignorancia, pues cómo puede esa funcionaria negar que  la indagatoria es precisamente la presentación de las pruebas de que el sindicado aleccionó testigos, directamente o a través de los abogados Lombana y Cadena, para que se defienda de esa acusación, pues esa es precisamente la razón de ser de esa pieza procesal, sin que importe que el indagado confiese su culpabilidad o se abstenga de declarar, porque de todas maneras tendrá que aceptar que le formularon unos cargos, que es en lo que consiste la imputación.

O sea que doña clara ximena acabó de un plumazo con todo el trabajo de ocho  meses de la honorable Corte Suprema porque ni siquiera se tomó el tiempo para analizar los alcances de una indagatoria y se apresuró a decir que como el fiscal no apareció para hacer  la imputación todo lo hecho era nulo. Si no hubo imputación por parte de la fiscalía es porque la ley aplicable en ese momento no contenía ese requisito.  ¡Habráse visto semejante terquedad! O sea que los cinco magistrados perdieron el año en la universidad y que no han leído el código general del proceso (aplicable al procedimiento penal y otros), que dice en el artículo 138: “Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, ésta se invalidará”. Más claro no lo canta un gallo. La medida de aseguramiento no es una sentencia. Como el preso número 1087-985 de El Ubérrimo renunció a su fuero de senador, automáticamente  la Corte dejó de ser competente, es decir perdió su calidad de juez para esa investigación y por eso tomó la determinación  de remitirlo a la justicia ordinaria, que en este caso es la juez 30 de Control de  Garantías como lo ordena la ley 906 del año 2004. El hecho de que el fiscal de ese proceso, escogido con lupa por Barbosa no hubiera hecho la imputación de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, abundantemente probados en el expediente, no invalida la actuación de la Corte, porque aún no era parte en ese proceso. Lo único que había que hacer es lo que hizo el Alto Tribunal: decir que ya la ley no le permite continuar con ese proceso y remitirlo, como lo hizo, a la justicia ordinaria para que siguiera con la actuación, que conserva toda su validez, por lo cual se afirma que la Juez 30 se extralimitó en sus funciones, que no se investigará como prevaricato porque no aparece el dolo sino la ignorancia como determinante de esa conducta.

Lo que hizo la Juez, sin ningún análisis del caudal probatorio, consistió en hacer primar su capricho para que en el futuro todo el pueblo colombiano la recuerde como la funcionaria que le hizo el regalo de su libertad a Uribe.

Con razón el ex fiscal General, Eduardo Montealegre Lyneth, como víctima en ese proceso solicitó al Juez Penal del Circuito, en la sustentación de la inaplazable apelación del esperpento jurídico de la Juez 30 que compulse  copias de lo pertinente para que se investigue penalmente al fiscal Gabriel Jaimes por prevaricato porque casi se desbarata atacando a la Honorable Corte Suprema para descalificarla,  como si tuviera algún veneno contra ella y para que se investigue a duque por la comisión de acusaciones de  la cámara por usurpación de funciones cuando se pronunció en contra de la privación de la libertad del presidente eterno.

De toda la actuación del sábado debe resaltarse la ponderación y buen juicio del defensor de Iván Cepeda, doctor Reynaldo Villalba quien, a nuestro parecer volvió un flequero la decisión de la  Juez.