El pasado 18 de julio se realizó un encuentro propuesto por el Consejo Territorial de Planeación de Pereira, con candidatos a la alcaldía de nuestra ciudad.
Aunque el valioso objetivo del Consejo Territorial de Planeación fue ofrecer a los candidatos un conjunto de recomendaciones sobre asuntos de importancia para la ciudad, que los Consejeros Territoriales analizaron durante su labor de los últimos cuatro años y cuyas conclusiones querían ofrecer a los candidatos, pues estiman que tales asuntos deben quedar incluidos, necesariamente, en los planes de gobierno que estos deben presentar al inscribir sus candidaturas a la Alcaldía, en una actitud desafortunada; ni Mauricio Salazar, ni Maicol Lopera asistieron. Es lamentable no hayan valorado la oferta de la sociedad civil organizada, a la que seguramente acudirán en el futuro cercano en busca de votos.
Al encuentro también fue invitada nuestra Corporación VIGÍA Cívica que allí tuvo la oportunidad de explicar a los candidatos presentes los pormenores de la que será su actividad en el proceso electoral de 2023, que hace parte de las acciones adelantadas por la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, liderada por Transparencia por Colombia, en el marco del proyecto “Hacia un ejercicio del poder más transparente y responsable”.
Se los recordó a los candidatos y a sus gerentes de campaña que, a partir del 4 de agosto próximo, comienza la obligación de reportar en el aplicativo Cuentas Claras, los movimientos contables de sus campañas y que desde la Corporación VIGÍA Cívica examinaremos permanentemente los datos que ingresen al aplicativo.
También les señalamos las fuentes de financiación prohibidas en las normas legales, resaltando, entre ellas, los recursos que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular y los que aporten personas, naturales o jurídicas, cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50% en contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales; o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.
Igualmente les recordamos que además de la “Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”, en la legislación colombiana existen 15 delitos contra el sufragio y llamamos su atención sobre el “Fraude en inscripción de cédulas” pues desde ahora comenzamos a vislumbrarlo, puesto que ya el Consejo Nacional Electoral dejó sin efectos la inscripción de 5.428 cédulas en el municipio de Dosquebradas, a cuyos titulares, pese al cruce de varias bases de datos, no se les encontró la calidad de residentes en esa ciudad.
Seguramente, alguno entre los 5.428, al ser llamado por la Fiscalía, va a revelar lo que hay detrás de ese asunto, que tiene un intenso olor a fraude.