Violencia y distorsión (I)

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Por JAIME CORTÉS DÍAZ

Resulta curioso observar la campaña desatada por activistas y algunos personajes políticos, señalando culpabilidad al gobierno con las muertes que por desgracia y en detrimento del orden público, se vienen impetrando a líderes sociales y reinsertados, como si fueran actos consentidos por él y no foco concreto de los distintos agentes generadores de violencia que movidos por el narcotráfico, el negocio de armas, la minería irregular, el secuestro, la extorsión y disputa de territorios de influencia y corredores de movilidad, además del resquebrajamiento en variedad de grupos y subgrupos que se enfrentan en lucha por el dominio poblacional sin lineamientos seudo docrictarios como lo hacían antes para contar, entre otras cosas, con reconocimiento internacional. Las peleas entre si son reflejos de querer el monopolio de una “industria” criminal que mueve montañas de dinero dentro de un falso pero dañino poder transgresor.

La responsabilidad la achacan al Presidente y a la Fuerza Pública por no dar, según sus expresiones, la debida protección a estos ciudadanos, lo cual no es cierto pero hacen de ello un distractor para no clamar ante los organismos internacionales y las personalidades, la condena a los que ya se destaparon de su condición de delincuentes avezados y entrenados, a quienes lo que menos les importa es la vida de los que de una u otra forma han hecho un enfoque reivindicativo posconflicto de patria y equidad. No se denuncian con nombres propios ni se mencionan sus aciagas estructuras, por el contrario el coro señala desdén a la autoridad legítimamente constituida. Al cambiar el valor de los principios como el derecho a la vida, la honra y bienes de los asociados en nación, se camufla el dolo el cual  se convierte en objetivo estratégico, pues, de un lado y por sucederse en simultáneo y lugares distintos, la apariencia es la de un Estado inerme, incapaz de contraatacar al enemigo común; y de otro, mostrar capacidad de perturbación traducida en ganancia política de opositores mimetizados en la legalidad. Dice el analista José Manuel Acevedo que “Ahora marchan desde todas las regiones de Colombia y se instalan en Bogotá para reclamar más seguridad, cuando deberían irse más bien a Venezuela a pedirles a ‘Santrich’, ‘el Paisa’ y ‘Márquez’ que no les disparen más”.

Ni que decir del “plan pistola” usado como represalia por las bajas proferidas a cabecillas y otros cuadrilleros contra los servidores uniformados que son asesinados a mansalva y sobreseguros. Aquí tampoco los corifeos se oyen  ni levantan muros de lamentaciones. Una de las aglomeraciones mafiosas de mayor crueldad es la del “clan del Golfo” que este año ha ejecutado un policía cada dos días. En 10 años  ha dado muerte por fuera de combate a más de 100. Este Grupo Armado Organizado (GAO), delinque en 10 departamentos con tres mil aliados; ha asesinado 24 líderes sociales y 14 reincorporados de las Farc que no quisieron incrustarse en sus filas. Pero no se oye protestar en dirección a alias Otoniel. Lo que se escucha es la diatriba al gobierno por “no dar protección” y recibe en ese sentido palo de los que desde el exterior están “preocupados por Colombia”. Al anterior  se suman otros cinco: El ELN es una sombra de lo que quiso ser políticamente, hoy es total franqueza criminal y terrorista que cambió el Cristo de su extinto jefe, el cura Pérez, por el dios-moneda que enriquece a sus capos; tiene cuatro mil entre combatientes y milicianos. Lo ha fortalecido su alianza con Maduro, siendo Venezuela otra plataforma física de operar, avituallarse, entrenarse, esconderse y hacer parte de la institucionalidad secreta de la dictadura. En el tiempo sentirán los venezolanos las garras clavadas en sus propias carnes.

En la próxima columna se comentará acerca de otros GAOS y desviados pronunciamientos de sus conmilitones.

La razón de los grupos fuera de la ley es causar desestabilidad y mostrarse como furia incontenible en sus fechorías y desbarajustar la sociedad democrática.

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