En un momento en el que Colombia enfrenta tensiones fiscales crecientes, un deterioro de la confianza institucional y un ambiente político marcado por la incertidumbre, el propósito empresarial adquiere un carácter estratégico. El país se encamina hacia el logro de un gobierno restaurador, pero complejo, donde el nuevo mandatario deberá afrontar simultáneamente la reconstrucción moral del Estado, la corrección del descalabro fiscal y la necesidad de garantizar una atención social sostenible para la población más vulnerable. En este escenario, los empresarios no son simples agentes económicos: son actores institucionales cuya capacidad de liderazgo y decisión incide directamente en la estabilidad futura. Entonces, el quehacer empresarial no puede reducirse exclusivamente a la rentabilidad; debe interpretarse como una responsabilidad ampliada que articula productividad, ética pública y compromiso con el desarrollo territorial. Los empresarios hoy operan en un entorno marcado por la fragilidad fiscal, la presión inflacionaria y la contracción de ingresos públicos por causa del despilfarro, lo que exige una visión más madura sobre la creación de valor compartido. La sostenibilidad financiera del país dependerá, en buena parte, de la reactivación económica y de la formalización productiva, frentes en los que el sector posee una ventaja comparativa decisiva.
Además, del combate contra el narcotráfico, la corrupción alimentada por el enriquecimiento ilegal, las prácticas políticas clientelistas, la polarización y el descrédito oficial, se requiere una clase empresarial consciente de su papel pedagógico y de la solidaridad cívica. Las empresas son hoy uno de los pocos espacios de confianza que conservan los ciudadanos; allí se reproducen estándares de transparencia, meritocracia y cumplimiento que contrastan positivamente con la degradación de otras instituciones. Convertirse en referente ético es, por tanto, un propósito que trasciende lo corporativo y se proyecta hacia la Nación.
En materia social, el país enfrenta un reto ineludible: garantizar una atención sostenible, segura y programada para la población pobre y excluida. Esto implica fomentar modelos de inclusión laboral, cadenas que integren a la denominada economía popular, impulsar esquemas de empleabilidad juvenil y asegurar acceso a oportunidades reales. El crecimiento económico, sin estos componentes, sería insuficiente para reconstruir el tejido comunitario.
Colombia necesita una alianza renovada entre Estado, empresarios y ciudadanía. Si el propósito señalado se redefine desde una perspectiva estratégica, ética e institucional, los empresarios podrán convertirse en motores reales de la recuperación financiera, la estabilidad social y la reconstrucción moral del país. No se trata de sustituir al aparato oficial, sino de asumir un designio corresponsable y visionario en la arquitectura del devenir nacional.
Para afianzar, es importante lo dicho por el empresario y analista Francisco Manrique, en el foro auspiciado por El Tiempo: “Líderes y Empresas que construyen país”, quien estima que lo bueno de proteger el entorno es hacerlo de manera colectiva: “Millones de ciudadanos, desde diversos sectores, entendieron que cuidar su país era también cuidar su propio futuro (…). Se contará así con una ciudadanía movilizada que respalda los cambios, pero que exige y participa más, no porque confíe ciegamente en sus dirigentes, sino porque confía en sí misma”.
Y, como colofón, lo contado en tal evento por Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol: “Traigo aquí lo que me dijo Philip Yeo, uno de los fundadores de Singapur hace 60 años: ‘Ustedes, los colombianos, tienen tierra, agua, alimentos, energía y gente. Lo único que no tienen aún es la capacidad para ponerse de acuerdo sobre qué país quieren’.