Esta semana se dio trámite positivo al primer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República al proyecto de ley de financiamiento de la educación superior en las universidades públicas. El anunciado proyecto pasará ahora a discusión de la plenaria del Senado donde seguramente será aprobado.
Con el proyecto de ley se pretende saldar una deuda histórica con las universidades públicas mediante la reformar a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En la iniciativa se modifica la fórmula y metodología para el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior públicas.
Los artículos mencionados de la Ley 30 establecen que el incremento en las transferencias a las instituciones de educación superior se realiza con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el que sea mayor.
La ley 30 no estableció ningún mecanismo que permitiera una planeación articulada de la oferta de educación superior de las universidades públicas en los territorios, por lo tanto, se empezó a generar una brecha entre el crecimiento de los gastos educativos y los ingresos por transferencias. Entre el año 2000 y 2023, la matrícula en las instituciones de educación superior pública creció un 176%, mientras que las transferencias de la nación solo aumentaron un 62% en términos reales.
Adicionalmente, en el proyecto de ley se incluye por primera vez la financiación de instituciones técnicas y tecnológicas públicas con lo cual se busca ampliar los niveles de formación a los que pueden acceder los estudiantes en diferentes regiones del país.
Sin duda el proyecto de ley es necesario para evitar que continue aumentando desproporcionalmente el crecimiento del déficit financiero de las universidades públicas. También es positivo que se destinen recursos para fortalecer la educación técnica y tecnológica que es una necesidad del sector productivo colombiano.
No obstante, sino se proyecta el crecimiento de la educación superior pública considerando las necesidades de las regiones (pertinencia), la sostenibilidad financiera y el aporte de las universidades privadas, en unos años se hablará nuevamente de la necesidad de saldar otra deuda histórica.
